La Cámara Penal dio vuelta la resolución de una jueza de Rosario que había anulado un allanamiento policial por no contar con orden judicial. Algo que había generado una fuerte polémica entre magistrados y el gobierno de Maximiliano Pullaro, cuya vocera oficial cuestionó en términos muy duros la resolución de la magistrada, que ahora quedó revocada.
El juez de Cámara Tomás Orso hizo lugar al recurso de apelación que presentó la fiscalía y convalidó el allanamiento en su validez tal cual como fue ordenado.
Lo que estaba en discusión es la validez jurídica del allanamiento a un menor de edad punible que está acusado de participar de una balacera al que se le allanó el domicilio por la normativa de flagrancia vigente. La defensa cuestionó que se alegara que el implicado estuviera en un hecho flagrante porque entre el episodio en cuestión y la intrusión policial al domicilio transcurrieron doce horas.
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La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena no cuestionó la investigación que le llevó la fiscal Virginia e incluso tuvo por formulada la imputación ni tampoco su fundamentación en la ley procesal santafesina. Pero sí atacó el criterio de la urgencia que, a su entender, acá no existió como para que se solicitara el allanamiento a la autoridad judicial competente. En este caso porque habían pasado doce horas desde que el implicado presuntamente actuó hasta que la policía ingresó sin orden a buscarlo a su vivienda. También ordenó que se bajara del portal oficial de la provincia de Santa Fe una imagen que mostraba al momento de la detención del menor involucrado.
La fiscal Virginia Gabenara apeló la resolución. Fue contra la jueza porque aduce que el acto cuestionado por la magistrada “se ajusta perfectamente a lo dispuesto en el artículo 170 inciso 5) del Código Procesal Penal de Santa Fe”. Que es la consideración de la continuidad del acto considerado flagrante mientras medios electrónicos o de video capten la trayectoria de los presuntos infractores a la ley.
También dijo que la jueza vulnera el principio de conservación de los actos jurídicos. “La propia Jueza interviniente manifestó, en los fundamentos de la resolución, que de haber sido llamada a resolver la solicitud de allanamiento, hubiese valorado los mismos informes que sirvieron de base al Ministro de Seguridad para activar el procedimiento de allanamiento por flagrancia virtual”.
El camarista Orso pidió informes sobre el caso ocurrido el pasado 19 de junio y convalidó el allanamiento. Hizo un análisis sobre la llamada flagrancia virtual, determinó que la acción policial analizada se encuentra comprendida dentro de los actos para los que no se requieren orden judicial según la ley aprobada por la Legislatura en 2024. Y entendió que como la urgencia que la magistrada no había reconocido en realidad quedó acreditada. Eso porque el informe basado por el sistema de videovigilancia Lince determina que el domicilio a allanar se estableció dos horas y media antes de que efectivamente se realizara la requisa. Con eso, para el magistrado revisor, la urgencia está razonablemente acreditada.
Para Orso no se tiene que contabilizar la urgencia desde el momento del hecho delictivo -una balacera contra un domicilio por el que queda acusado el chico de 16 años allanado- sino desde el momento en que se definió cuál era la vivienda a irrumpir y el allanamiento concretado. Acá pasaron no doce horas, sino dos y media.
La defensora Candela De Marchi en la primera audiencia cuestionó la legitimidad del allanamiento porque a su criterio el ministro de Seguridad no es autoridad competente para ordenarlo, dado que el Código Procesal solo habilita a la policía en casos muy concretos y con intervención fiscal. Sostuvo que hubo una extralimitación del Poder Ejecutivo y que no existió urgencia al pasar doce horas como para no acudir a un juez.
La defensora lo que cuestiona en última instancia es la legalidad de que sea un funcionario del Ejecutivo el que ordene una medida que suspende garantías. En rigor esto no es ilegal porque está dispuesto en el Código Procesal Penal de la provincia. Lo que sí señalan no pocos jueces es que es de dudosa o nula constitucionalidad que un funcionario no judicial pueda impulsar un allanamiento. Pero hasta ahora no hay ninguna objeción judicial en este sentido.
El caso en primera instancia motivó que la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, le dijera a la magistrada que “si tanto le gustan los delincuentes que se los lleve a su casa”.
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El tema pegó tan hondo en los foros de jueces de todo el país que La Nación lo recogió en un texto de autor firmado por el juez de Menores de Catamarca Rodrigo Morabito, que indica que la posición de la vocera, y por añadidura del gobierno, “encierra una profunda incomprensión del rol del Poder Judicial”.
“Cuando un juez o jueza adopta una decisión que garantiza derechos (aunque resulte impopular) no está emitiendo una opinión personal ni actuando por empatía individual. Está cumpliendo la Constitución. Está aplicando la ley. Está haciendo exactamente aquello para lo que fue investido; controlar el ejercicio del poder y proteger a las personas frente a posibles abusos”, dice Morabito.
