Las derrotas legislativas y los problemas provocados en áreas de la economía que funcionaron bien durante décadas por la obsesión de Sturzenegger de desregularlo todo sin medir las consecuencias obligaron al Gobierno a evaluar si retira o congela algunos proyectos para evitar que se conviertan en un yunque para la Casa Rosada, como anticipó LPO.
Entre los proyectos que quedaron bajo la lupa se encuentra la nueva ley de biocombustibles que habilita el ingreso de las petroleras y las grandes cerealeras a un mercado interno reservado durante dos décadas para las pymes regionales.
El proyecto es impulsado por Patricia Bullrich en el Senado y la pérdida de poder de la exministra y el desgaste de Sturzenegger encendieron las alarmas entre las grandes compañías que pretenden ingresar al negocio. En el sector temen que el nuevo escenario político congele la iniciativa antes de que consiga dictamen.
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En ese contexto, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, salió a defender públicamente la reforma. El empresario, que no suele conceder entrevistas, aseguró que la compañía está preparada para invertir en la producción de biocombustibles si el Congreso modifica una legislación que impide a las refinadoras participar del sector.
“Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina”, afirmó Bulgheroni durante la inauguración de una estación de servicio de Axion en la localidad santafesina de San Agustín, donde compartió el acto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Producción, Gustavo Puccini.
Según Bulgheroni, los petroleros no pretenden disputar el mercado interno, sino que apuntan a la exportación en asociación con compañías que ya operan en el sector. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas que fabrican biocombustible para el corte obligatorio miran con desconfianza.
Desde Cepreb, la cámara que los nuclea advierten que la propuesta del gobierno permite que las petroleras y las grandes aceiteras avancen sobre la porción del mercado que actualmente sostiene a las plantas instaladas en pequeñas localidades del interior.
“Marcos Bulgheroni dice que no hay distintos proyectos y que hay que agrandar la torta. Suena lindo. Pero traduzcamos: el proyecto que impulsa el Gobierno condena a la quiebra a las pymes regionales del biodiésel, pone en riesgo unos 10.000 empleos entre directos e indirectos y concentra el negocio en apenas seis aceiteras”, cruzó Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).
La principal preocupación está concentrada en el coprocesamiento, un mecanismo que permite a las refinadoras incorporar materia vegetal durante la destilación del petróleo y contabilizar ese volumen dentro del corte obligatorio, aunque técnicamente no produzcan biodiésel.
La iniciativa de Bullrich propone elevar del 7,5% al 10% el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil. Sin embargo, las pymes denuncian que la participación de las petroleras mediante el coprocesamiento terminaría reduciendo del 7,5% al 7% el corte efectivo reservado para las plantas regionales.
El modelo vigente protegió durante dos décadas a empresas que se instalaron en pequeñas ciudades del interior, especialmente en Santa Fe, y que dependen del mercado interno para sostener su actividad. Según CEPREB, el esquema representa alrededor de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Santa Fe concentró el 58% de la producción nacional de biodiésel durante 2025 y alberga buena parte de las plantas que podrían quedar afectadas por la reforma. A su vez, en el Gran Rosario operan las grandes aceiteras que respaldan la apertura del mercado.
