Autoridades de Ayacucho anunciaron una nueva denuncia penal ante el Departamento Judicial Dolores por hechos vinculados al tránsito y los ruidos molestos. La presentación hace referencia al artículo 193 bis del Código Penal, que contempla penas de prisión e inhabilitación para conducir. Sin embargo, la medida también abre interrogantes sobre su aplicación y los controles preventivos.
Según se informó, la presentación apunta a conductas que podrían encuadrar en el artículo 193 bis, que establece penas de seis meses a tres años de prisión, además de la inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena.
La norma alcanza a quienes generen una situación de peligro para la vida o integridad física de otras personas mediante la participación en una prueba de velocidad o destreza con vehículos, realizada sin autorización. También contempla sanciones para quienes organicen o promocionen estas prácticas o faciliten vehículos para realizarlas.
Pero existe una cuestión importante: no cualquier infracción de tránsito, exceso de velocidad o ruido molesto configura automáticamente este delito. Para que pueda aplicarse el artículo mencionado deberán acreditarse las circunstancias previstas por la ley.
Por eso, el avance de la causa dependerá de los elementos incorporados a la denuncia: identificación de conductores y vehículos, registros de cámaras, videos, testimonios y demás pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido.
También resulta llamativo que el anuncio vincule “tránsito y ruidos molestos” con el artículo 193 bis. Los ruidos excesivos pueden dar lugar a infracciones y sanciones, pero el ruido molesto por sí mismo no constituye el delito contemplado en ese artículo.
Además, al tratarse de una nueva presentación, surge otra pregunta: ¿qué ocurrió con las denuncias anteriores? ¿Hubo personas imputadas, vehículos secuestrados, inhabilitaciones o causas que lograron avanzar?
Finalmente, el anuncio vuelve a poner sobre la mesa el papel de la prevención. Si estas situaciones son reiteradas, además de recurrir a la Justicia una vez ocurridas, resulta necesario conocer qué controles se realizan para impedirlas y qué resultados están teniendo.
La denuncia penal es una herramienta. Su efectividad dependerá ahora de las pruebas, del avance judicial y de que esté acompañada por controles preventivos en las calles.
