Martín Llaryora volvió a encontrarse con un viejo conocido: el Suoem, el gremio de los municipales, poderoso en su capacidad de movilización, pero desprestigiado ante la opinión pública. Y, como en los tiempos en que ocupaba la Municipalidad, decidió entrar al ring antes que esquivar la pelea, en lo que parece el disparo de largada de su campaña por la reelección.
Este viernes, su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el intendente Daniel Passerini firmaron un convenio para que la Policía provincial pueda asumir el control del tránsito en los accesos, recorridos y perímetros vinculados con la visita del papa León XIV. Es la semilla que le permitiría a la Policía ser parte del dispositivo de control de tránsito, como ocurre en grandes capitales.
Pero el fondo de la discusión es bastante más grande que un operativo de noviembre. Luego del paro sorpresivo, Quinteros tomó nota y movió una ficha que, en el peronismo cordobés, saben que tiene consecuencias políticas: confrontar con un gremio donde el juecismo pisa fuerte. “Yo no voy a supeditar un operativo de seguridad de semejante magnitud, el más importante en los últimos 40 años de Córdoba, al humor gremial”, disparó Quinteros. “No podemos ser rehenes de una cuestión como esta”.
48 horas después, el Suoem respondió como si hubiera recibido una invitación formal al combate. Tituló su comunicado “‘Carancho’ Llaryora: oportunismo y voracidad contra la ciudad de Córdoba” y acusó al gobernador de aprovechar una situación circunstancial para avanzar sobre atribuciones municipales. “Coordinar no es sustituir. Colaborar no es apropiarse de competencias ajenas”, retrucó el sindicato. Sin embargo, dijo que los inspectores de tránsito están “a plena disposición” del operativo papal.
El ministro de Seguridad de Llaryora pide traspaso de Tránsito y se allana la sucesión de Passerini
El gremio, además, rechazó la versión de que se hubiera tratado de un paro. Su explicación es que los trabajadores de Tránsito dejaron de cubrir voluntariamente un servicio por el que, según denuncian, se adeudan ítems salariales desde hace cinco meses. “Convertir el incumplimiento de pago en argumento para avanzar sobre funciones municipales es inadmisible”, sostuvo el Suoem. El propio Daniel Passerini salió a cruce y desmintió que exista una “deuda salarial reclamable”.
Llaryora aceptó la pelea: “No sé qué se cree esta gente”, dijo del Suoem en declaraciones a El Doce. “El orden del tránsito es innegociable” y “se creen los dueños de la verdad”. Después llegó el golpe más fuerte: “No vamos a dejar indefensos a los cordobeses frente a esta manga de inadaptados”.
En sus redes, el gobernador reforzó la idea: “Mi compromiso con el orden es irrenunciable” y advirtió que la Provincia utilizará “todas las herramientas a nuestro alcance” para garantizar seguridad y circulación.
Llaryora ya conoce esta película. Cuando fue intendente, su relación con el Suoem comenzó con una confrontación durísima. En 2020, durante el ajuste municipal, el gremio llegó a montar un “velorio” simbólico del intendente, con un cajón que llevaba su fotografía.
Hubo recortes salariales, cambios en las condiciones laborales, conflictos por las chapas de los inspectores y protestas que terminaron con episodios de violencia y detenidos. En junio de 2020, la entonces secretaria general del Suoem, Beatriz Biolatto, llegó a advertir que “Córdoba va a arder”.
El gobernador no necesita necesariamente derrotar al Suoem. Le alcanza con volver a ponerlo del otro lado del mostrador. El sindicato carga con una imagen pública deteriorada y el oficialismo parece decidido a transformar esa debilidad en capital político. A diferencia de otros gremios estatales, pesan en el Suoem el juecismo (Luis Juez incorporó miles de empleados a la planta permanente) y el radicalismo, que gobernó 12 años desde 1983. Cuando el convenio de colaboración entre Municipalidad y la Policía llegue al Concejo Deliberante para su ratificación, la oposición deberá hacer equilibrio si no quiere quedar del lado del gremio
