El bloque Acuerdo Cívico presentó una serie de proyectos en el Concejo Deliberante que buscan establecer nuevas consecuencias para quienes acumulen infracciones de tránsito en motocicletas. Las iniciativas contemplan la posibilidad de suspender ayudas sociales municipales durante un período de hasta dos años, además de imponer restricciones para ingresar a la planta permanente del Municipio y acceder a planes de vivienda o terrenos. La problemática de las motos también motivó pedidos de informes sobre el funcionamiento de la sala de monitoreo y las denuncias penales realizadas por el Ejecutivo.
La problemática de las motocicletas volvió a ocupar un lugar importante en la décima sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ayacucho, desarrollada este jueves 22 de octubre. En ese marco, el bloque Acuerdo Cívico presentó un conjunto de proyectos que proponen endurecer las consecuencias para quienes cometan infracciones reiteradas, incorporando medidas que van más allá de las multas y sanciones habituales de tránsito.
Las iniciativas, identificadas con los expedientes 239/26, 240/26, 241/26 y 242/26, plantean establecer un Régimen Especial de Convivencia y Seguridad en la Circulación de Motovehículos y vincular determinadas infracciones con el acceso a ayudas sociales, empleos municipales y programas habitacionales.
El alcance de las propuestas podría abrir un debate sobre las herramientas que debe utilizar el Municipio para enfrentar las conductas peligrosas en la vía pública y las consecuencias que deberían afrontar quienes incumplen reiteradamente las normas.
Ayudas sociales: suspensiones de hasta dos años
Uno de los puntos más significativos aparece en el expediente 240/26, mediante el cual Acuerdo Cívico propone que, a partir de la tercera sanción firme por infracciones comprendidas en el Régimen Especial de Motovehículos, dentro del término de un año, el Departamento Ejecutivo pueda suspender las ayudas sociales municipales que reciba el infractor.
La suspensión prevista sería de entre seis y veinticuatro meses y alcanzaría a las ayudas de las que la persona sancionada sea beneficiaria directa y de carácter personal.
La iniciativa no plantea que la suspensión se produzca necesariamente de manera automática, sino que otorga al Ejecutivo la facultad de aplicarla cuando se cumplan las condiciones establecidas.
De esta manera, las infracciones reiteradas podrían tener consecuencias que excedan el ámbito del tránsito y repercutan directamente en la asistencia municipal que recibe una persona.
La propuesta incorpora un elemento especialmente sensible, ya que relaciona el incumplimiento de normas de circulación con el acceso a recursos sociales, una cuestión que podría generar distintas posiciones durante su tratamiento legislativo.
Las infracciones también podrían impedir el ingreso al Municipio
Otro de los proyectos, correspondiente al expediente 241/26, propone establecer nuevas condiciones para quienes aspiren a ingresar a la planta permanente de personal de la Municipalidad de Ayacucho.
Según lo establecido en la iniciativa, será requisito no registrar tres o más sanciones firmes por faltas contempladas en el Régimen Especial de Motovehículos durante los dos años inmediatamente anteriores a la convocatoria.
Además, se propone exigir que los aspirantes cuenten con libre deuda del Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet.
En caso de avanzar, esta modificación incorporaría los antecedentes por determinadas infracciones de tránsito como un elemento a considerar para el acceso al empleo público municipal.
El proyecto no se refiere a la continuidad laboral de quienes ya integran la planta permanente, sino a las condiciones exigidas para nuevos ingresos.
La propuesta plantea así una relación entre el cumplimiento de las normas de convivencia vial y los requisitos para incorporarse laboralmente a la administración municipal.
Viviendas y terrenos: nuevas condiciones para acceder
El expediente 242/26 incorpora una propuesta similar, aunque dirigida a quienes pretendan inscribirse y resultar adjudicatarios de planes de vivienda o lotes con servicios del Municipio.
En este caso, el proyecto establece que los aspirantes no deberán registrar tres o más sanciones firmes por faltas del Régimen Especial de Motovehículos durante los dos años anteriores a la inscripción.
También deberán haber cumplido con las sanciones correspondientes y contar con libre deuda del Hospital Municipal.
La medida significaría incorporar el historial de infracciones de los solicitantes dentro de los requisitos de acceso a programas habitacionales municipales.
Este punto podría convertirse en uno de los aspectos más discutidos de la propuesta, considerando que las condiciones planteadas no se limitan al control de la circulación, sino que alcanzarían también a quienes buscan acceder a una vivienda o un terreno.
Los tres proyectos están vinculados con el expediente 239/26, mediante el cual el mismo bloque propone establecer el Régimen Especial de Convivencia y Seguridad en la Circulación de Motovehículos en todo el Partido de Ayacucho.
El funcionamiento de las cámaras también estuvo en discusión
La presentación de estas iniciativas se produjo en una sesión en la que otros bloques también llevaron al recinto sus preocupaciones por las motocicletas y la seguridad vial.
La Libertad Avanza-PRO presentó el expediente 232/26, solicitando al Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre el funcionamiento de la sala de monitoreo municipal.
Entre los puntos requeridos se encuentran la cantidad de cámaras instaladas en Ayacucho, cuántas funcionan actualmente, cuáles están fuera de servicio, la distribución territorial de los dispositivos y los recursos humanos destinados al monitoreo.
También se planteó conocer si las imágenes obtenidas son utilizadas como elementos de prueba para constatar infracciones de tránsito y evaluar la posibilidad de incorporar drones para registrar maniobras peligrosas de motocicletas.
Durante la fundamentación, una representante del bloque explicó que la iniciativa surgió luego de solicitar, el pasado 6 de agosto, una visita a la sala de monitoreo sin haber recibido respuesta.
“El proyecto surge sobre todo por esta necesidad que manifestamos siempre de poder tener conocimiento del funcionamiento de distintos lugares dentro de la municipalidad para poder legislar en consecuencia”, expresó.
La concejal señaló además que estaba prevista una reunión con el intendente y funcionarios de Seguridad y Tránsito para continuar analizando la problemática.
El pedido de informes fue aprobado por unanimidad, con las modificaciones acordadas durante la labor parlamentaria.
Troncoso pidió conocer qué hace el Municipio cuando las denuncias no prosperan
Por su parte, el bloque Fuerza Patria presentó el expediente 234/26, solicitando información sobre las denuncias penales realizadas por el Municipio durante 2025 y 2026 por maniobras peligrosas en la vía pública y otros hechos relacionados con la seguridad vial.
El concejal Alejandro Troncoso explicó que el objetivo era conocer el resultado de las presentaciones judiciales y, especialmente, las actuaciones posteriores del Ejecutivo cuando una denuncia no obtiene la respuesta esperada.
“Este proyecto no se trata de cuestionar que el municipio denuncie, no estamos cuestionando que el municipio denuncie, porque obviamente si hay una conducta que se encuadra dentro de lo que podría ser un posible delito, debe denunciarse”, sostuvo.
Sin embargo, remarcó la necesidad de diferenciar las competencias judiciales de las responsabilidades que corresponden directamente al Municipio.
“Queremos distinguir la responsabilidad judicial de investigar un delito de la responsabilidad administrativa de controlar y aplicar las normas de tránsito que sí tiene el municipio”, manifestó.
Troncoso explicó que su bloque busca conocer si, ante denuncias que no prosperaron judicialmente, el Ejecutivo presentó nuevas pruebas, solicitó revisiones, labró infracciones o realizó retenciones y secuestros de vehículos cuando correspondía.
También insistió en que el Concejo necesita información precisa para evaluar la problemática y elaborar nuevas herramientas destinadas a fortalecer la seguridad vial.
El proyecto fue aprobado por unanimidad.
Un debate que excede las multas de tránsito
La sesión dejó planteadas distintas líneas de intervención frente a una problemática que preocupa a los bloques políticos: por un lado, los pedidos de información sobre los recursos de monitoreo y las actuaciones municipales; por otro, las propuestas destinadas a establecer nuevas consecuencias para quienes acumulen infracciones.
En ese escenario, el paquete presentado por Acuerdo Cívico introduce una discusión particularmente importante, al proponer que determinadas conductas reiteradas en motocicletas puedan repercutir sobre ayudas sociales, posibilidades de empleo municipal y acceso a soluciones habitacionales.
La documentación aportada permite conocer el contenido general de esos proyectos, aunque la transcripción disponible no incluye su tratamiento específico ni las intervenciones de sus autores al momento de fundamentarlos. Por lo tanto, no es posible establecer a partir de ese material si fueron aprobados, modificados o enviados a comisión.
Lo que sí quedó reflejado en el recinto es que la problemática de las motos continúa generando iniciativas legislativas y pedidos de explicaciones al Departamento Ejecutivo.
La discusión que se abre en Ayacucho ya no pasa únicamente por cómo controlar las motocicletas que circulan de manera peligrosa, sino también por determinar hasta dónde deben llegar las consecuencias para quienes reinciden en infracciones y qué herramientas puede utilizar el Municipio para enfrentar esta situación.
