El capítulo judicial es, en la reforma constitucional que discuten en Santa Fe, un punto de tensión donde las instituciones de la provincia y sus mujeres y hombres discuten poder real. En el debate dos puntos sobresalen para que algo cambie o no cambie nada. Uno es el lugar que tendrá un órgano que en años anteriores produjo un alboroto enorme en la política de la provincia: el Ministerio Público de la Acusación (MPA), esto es, el cuerpo de fiscales provinciales. Lo que se está jugando es su grado de autonomía.
El otro asunto conectado con este es quién va a controlar la designación del personal y la remoción de los fiscales. La conversación se da en una especie de teatro semivacío. Eso es la convención constituyente de la provincia. Que se organizó a partir de una elección a la que casi la mitad de los santafesinos, que no fue a votar marcando un ausentismo histórico, le dio la espalda. Solo participan espacios de la política con representación y un puñado de interesados. Lo que no la vuelve menos relevante ni trascendente. Pero en ese marco de apática distancia se redistribuye el poder.
Hay temas fuertes que se refieren a la transformación de la Justicia de Santa Fe en la convención santafesina que arrancó hace dos semanas y que en dos meses debe tener un nuevo texto constitucional. Está la duración de los miembros de la Corte Suprema, si la provincia tendrá o no Consejo de la Magistratura para designar jueces, si habrá juicio por jurados para todos los fueros. Pero el episodio que eriza los pelos es el que define la ubicación institucional que tendrán las fiscalías provinciales y el Servicio Público de Defensa. Aunque la discusión tiene su foco en las primeras. ¿Por qué? Porque los fiscales tienen el poder de persecución. Y esto, precisamente, es la trinchera a ceder o a tomar. Una mayúscula pelea política de perros y gatos con buenos modales.
Este duelo es tan grande y los grupos de interés tan diversos que atraviesan partidos y alianzas. En Unidos, que es la coalición del gobernador Maximiliano Pullaro, asoman dos posiciones casi antagónicas en relación a tener un Ministerio Fiscal público del todo independiente. Los radicales quieren que mantenga una sujeción del Poder Ejecutivo. Los socialistas quieren un órgano autónomo, financieramente autárquico, por fuera del Poder Judicial donde actualmente están insertos tanto las fiscalías como los defensores públicos.
El peronismo presentó un proyecto único donde pide autonomía para el Ministerio Fiscal pero que se mantenga dentro del Poder Judicial. Ese es un planteo histórico de Rafael Gutiérrez, un ministro de la Corte que tiene 30 años en su cargo, un arquitecto del poder corporativo del campo judicial, peronista de modo declarado y enfrentado a Pullaro. A esto adhieren los gremios de empleados judiciales que temen que un cambio de estatus comprometa los derechos laborales de los agentes de la Defensoría y de las Fiscalías.
Cerca de las conducciones del Ministerio Público, que ejerce la fiscal general Cecilia Vranicich, como del Servicio de Defensa, a cargo de Estrella Moreno Robinson, dicen que ese es un argumento engañoso que en realidad calcifica una relación de beneficios recíprocos. Afirman que no habrá riesgos para los empleados judiciales si una cláusula constitucional equipara a todos con los beneficios de los judiciales. Lo que buscan preservar agitando el fantasma de la inestabilidad laboral, deslizan en estos órganos, son vínculos históricos entre un sector de la Corte capitaneada por Gutiérrez con el gremio, que gracias a eso retiene todavía influencia sobre los nombramientos de personal.
Lo que ambas funcionarias defendieron en la Convención es que Ministerio Público Fiscal y Servicio de Defensa sean órganos extrapoder. Vale decir, independientes de los otros poderes del Estado de la provincia, con autonomía funcional y administrativa, y autarquía presupuestaria y financiera.
Los socialistas también quieren un órgano extrapoder. Los libertarios, algo bastante parecido. Pero los radicales proponen que haya sujeción de los fiscales del MPA al Poder Ejecutivo. Que fiscal y defensor general sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura al inicio del mandato del gobernador y que duren cuatro años en el cargo. Eso para que con esa coincidencia el gobernador pueda gravitar desde su política criminal en la política de persecución. Esto es orientar qué delitos se priorizan. Otras propuestas indican cinco años o seis de mandato a fiscal y defensor general para contener la influencia del Ejecutivo sobre la orientación de las investigaciones.
Acá está el corazón de la pelea. El MPA indica desde su diseño en 2014 que para tener poder real tiene que ser extrapoder, vale decir, sin conexión con ninguno de los otros tres. Frente a ello, como chicaneó con sagacidad un periodista, se enfrenta a otro extrapoder que es el de la política santafesina. En especial el de los senadores, una aduana de la gobernabilidad, que ahora está metida en la constituyente.
Hay dos casos muy conspicuos que en Santa Fe muestran qué les pasó a los fiscales cuando, ejerciendo autonomía en la persecución, intentaron poner el ojo en la política. En 2016 los fiscales rosarinos Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja impulsaron una denuncia sobre el direccionamiento en provecho propio de subsidios multimillonarios recibidos por algunos de los 19 senadores santafesinos. El primero enfocó a cinco senadores por posible enriquecimiento ilícito. La Legislatura santafesina respondió sancionando por unanimidad una ley inédita en el país, a libro cerrado y sin debate, en la que se otorgaba a sí misma de manera exclusiva el control disciplinario de todos los fiscales. Investigarlos, juzgarlos y echarlos si lo evaluaba conveniente.
A Narvaja entonces lo denunciaron penalmente por un delito y lo sacaron temporalmente de la Fiscalía de Delitos Económicos. El caso terminó archivado por inexistente pero la causa contra los senadores jamás avanzó. Una camarista laboral ya jubilada, Lucía Aseff, dijo que la ley con que los legisladores se daban el poder de remover fiscales era una amenaza para condicionar a quien quisiera investigar a la política y junto a dos colegas la declararon inconstitucional. “Si un fiscal tiene que estar sujeto al poder disciplinario de un legislador, ¿quién se va a animar a investigar a un legislador?”, fue la lógica de base de los camaristas.
Otra situación particular de las tensiones entre MPA y políticos ocurrió cuando dos fiscales pidieron el desafuero del senador justicialista Armando Traferri por delitos de corrupción y tráfico de influencias en 2020. El Senado de Santa Fe se negó a levantar los fueros para que un par afrontara un proceso penal alegando que no había prueba convincente para hacerlo. Quien defendió la posición de rechazar poner a Traferri ante un juez fue el senador radical Lisandro Enrico que hoy es convencional y es ministro de Obras Públicas de Pullaro.
En un programa en la señal RTS, la semana pasada Enrico le dijo al periodista David Narciso: “El gobernador también tiene que tener su diseño de política criminal y planificar codo a codo con los fiscales. Es el modelo norteamericano, de Estados Unidos, donde el presidente y los gobernadores plantean: «Esta es mi política de persecución del delito y este es mi fiscal a cargo», y lo proponen a la Legislatura”.
Es muy cierto que política criminal y de persecución exigen armonizarse entre Ejecutivo y Fiscalía. Otra cosa es que el gobernador, el que sea, gravite de forma decisiva en qué delitos se persiguen y cuáles no. Cosa que con este control, para los que rechazan la propuesta, será inevitable. Eso llevó a que afloraran las primeras tensiones explícitas entre el gobierno y la fiscal general Vranicich, que hasta el inicio de la Constituyente se caracterizaron por una confluencia notoria.
Apabullante y visible como pocas veces, acá está la discusión del poder. ¿Qué es el poder real para el MPA? ¿Lo quiere para, como pasó entre 2016 y 2020, atreverse a interpelar a la política si aparecen motivos? Cuando eso ocurrió la reacción de la política santafesina con representación fue furiosa y tosca: armaron una ley express para investigar a los que podían investigarla. Y lograron que la Corte Suprema de Santa Fe, con el voto de Rafael Gutiérrez a la cabeza, validara como constitucional un régimen disciplinario que no existe en ningún otro lado, y que supone que un solo estamento, los legisladores, puedan echar de su cargo a un fiscal o a un defensor.
Por eso esta discusión sobre el poder que tendrán los fiscales, o no, es tan crucial. En toda América Latina los Ministerios Fiscales están dando una pelea con la política para que los deje funcionar. Eso pasa cuando posaron los ojos sobre clientela penal no habitual: delincuencia empresarial, financiera o estatal.
“Todo esto a la política santafesina le da terror. Por eso no quieren una Fiscalía que designe autónomamente a su personal, que tiene que ser especial y no decidida por la Corte, que no tiene que depender del Ejecutivo para recibir presupuesto y que tiene que tener un régimen de remoción que sea equilibrado, no con un tribunal exclusivamente formado por legisladores o con mayoría de legisladores”, dice una fiscal a LPO para trazar la línea divisoria de cada infantería en la Convención.
El Colegio de Magistrados de Santa Fe, que presentó su proyecto a la Constituyente, nunca estuvo de acuerdo con la reforma del régimen disciplinario a fiscales y defensores que dio el monopolio del juzgamiento a la Legislatura. Defienden un sistema de composición plural con un tribunal de integración equilibrada entre legisladores, académicos y abogados, sin ningún representante del Poder Ejecutivo.
Lo mismo creen los socialistas y los libertarios. La Corte de Santa Fe que sin unanimidad se alineó hace dos años con los legisladores ahora se renovó y difícilmente vaya a sostener la posición previa. El peronismo se mantiene en su alianza histórica con la vieja Corte y quiere a la Defensoría y a la Fiscalía dentro del Poder Judicial. Ni siquiera Juan Monteverde, el extrapartidario de centroizquierda que encabezó la lista de convencionales logrando 12 bancas, se desmarcó de la posición históricamente conservadora. Tampoco sus aliados del Movimiento Evita.
Es evidente que el debate no se puede simplificar y tiene muchos matices. Pero la tensión entre realidad y apariencias, y un sentido de ambigüedad en estos temas recorre la Convención. La representación política no quiere cederle terreno a un MPA que le asusta no poder controlar. “Lo que temen no poder controlar, que ahora sí hacen, son casos donde aparezca la política bajo imputación”, dice la misma fiscal.
Alguna vez uno de los fiscales que investigó a Pipi Traferri contó lo que, en la cercanía de un encuentro casual, le admitió un diputado provincial sobre la lógica que frenó en 2020 el desafuero al senador. “Al Pipi lo tenemos que cocinar nosotros. No ustedes”. Quería decir que una mayoría política no quiere que el sistema penal resuelva eventualmente los problemas (criminales) de la política.
Traferri se presentó ante un juez cuando él mismo lo decidió. Fue luego de una elección en la que el año pasado retuvo su banca. Entonces le pidió al Senado que le levantara sus fueros. Cuando se presentó por primera vez ante un juez, tras resistir eso casi cinco años, le habían cambiado los fiscales, algo que decía era condición para comparecer porque a sus investigadores los acusaba de maliciosos y arbitrarios. Pero los dos fiscales nuevos fueron contundentes con él. Y utilizando la misma prueba que sus predecesores colectaron, le ampliaron los cargos a asociación ilícita. La mayoría de sus colegas del Senado no le habían quitado la inmunidad porque decían que la evidencia era insuficiente.
La convención es disputa de poder real entre esos modelos y hoy unos cuantos de esos senadores son convencionales. Y los ejemplos aparecen todo el tiempo. Hace solo 40 días Pullaro, que también es convencional, se presentó a declarar como testigo en un juicio donde dos ex jefes de la policía de Santa Fe fueron condenados por sustraer partidas para reparación de patrulleros, a los que él había denunciado. “En temas de corrupción no hay que hacerse los boludos”, les dijo a los periodistas al salir de dar testimonio.
Entre cronistas que cubren la convención también se recordaba que en ese mismo juicio quedó al desnudo que una figura de mucho peso político transversal, el presidente del Tribunal de Cuentas de Santa Fe Oscar Biagioni, le había propuesto una ayuda a uno de los policías a la postre sentenciados por malversar fondos estatales. Biagioni es un hombre muy fuerte que conoce 50 años de secretos de Estado y fue funcionario de gestiones diversas. Lo nombraron vocal del instituto que debe controlar los gastos de órganos públicos pese a que tenía una condena por hostigamiento y maltrato a una empleada sin que las bancadas mayoritarias se opusieran. Hoy es el presidente del Tribunal. Salvo un par de legisladores provinciales nadie aludió al asunto ni se inició una pesquisa para este histórico del sistema político santafesino.
Piden el juicio político para un intocable histórico de la política santafesina
La discusión definitiva es una incógnita que debe saldarse incluso dentro de la bancada principal de la coalición de Pullaro, donde radicales y socialistas no saben al día de hoy cómo saldarán posiciones muy disímiles. ¿La política santafesina se bancará un ministerio fiscal independiente que eventualmente investigue sin mirar a quién? ¿Los fiscales, de obtener la condición extrapoder, la usarán para llegar hasta dónde? La pregunta doble la contestará la Convención a más tardar en septiembre.
