En las últimas horas, La Libertad Avanza Ayacucho publicó un comunicado en redes sociales en apoyo al veto del presidente Javier Milei a las leyes de “emergencia en discapacidad y previsional”, un conjunto de medidas que buscaban brindar contención a sectores altamente vulnerables. Lejos de la autodefinida “defensa de la verdad”, lo que se expresa en el texto oficialista local es una justificación del ajuste más crudo sobre quienes menos tienen.
En nombre del orden fiscal, el espacio libertario celebró la decisión presidencial de impedir que avancen proyectos legislativos destinados a sostener un sistema que, a pesar de sus falencias, aún hoy representa la única red de contención para millones de personas con discapacidad y adultos mayores en situación de indigencia.
Según el comunicado, las leyes vetadas “no ofrecían soluciones reales” y representaban un gasto “sin control”. Sin embargo, nada se menciona sobre las consecuencias concretas del veto: el congelamiento en la entrega de pensiones no contributivas, la caída de coberturas de tratamientos básicos y el ahogo financiero a instituciones que trabajan todos los días con personas con discapacidad, muchas de las cuales ya han tenido que cerrar sus puertas.
Uno de los argumentos del espacio oficialista ayacuchense es que las leyes implicaban un aumento del gasto del 1,5% del PBI. El número se menciona sin contexto ni explicación alguna. ¿Cuánto representa eso en relación al gasto tributario total del Estado? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, subsidiar intereses de deuda o mantener beneficios impositivos a grandes grupos económicos? Preguntas que el comunicado no responde.
También se menciona que el gobierno nacional “está haciendo lo que nunca se hizo”, al destacar el fortalecimiento del FONADIS, la capacitación y el aumento de prestaciones en 2024. Pero omite decir que ese supuesto aumento se hizo sobre prestaciones previamente licuadas por una inflación récord, y que, al mismo tiempo, los aranceles pagados a centros de atención aún hoy llegan con retrasos de meses, comprometiendo la sostenibilidad del sistema.
Más grave aún es el tono acusatorio hacia los sectores que impulsaron las leyes. El comunicado habla de “clientelismo” y “campañas oportunistas”, como si los reclamos por una mayor inclusión fueran maniobras políticas y no un grito desesperado de quienes ya no pueden más. Se acusa a otros de hacer uso político del dolor, mientras se banaliza la situación real de miles de familias que dependen del Estado para garantizar una vida digna a sus hijos, padres o hermanos con discapacidad.
El cierre del mensaje es una especie de proclama ideológica: “No vamos a permitir que se use a los más vulnerables como rehenes”. Pero justamente eso es lo que está ocurriendo. Al vetar estas leyes, el Gobierno no sólo niega recursos: también niega derechos. Y al respaldar ese veto sin matices, La Libertad Avanza Ayacucho se suma a un discurso que deshumaniza, que mide la dignidad en términos contables, y que parece haber perdido de vista que detrás de cada peso que se recorta hay una vida concreta afectada.
El debate de fondo es mucho más complejo que una planilla de Excel. No se trata de elegir entre “ajuste o despilfarro”, como plantea el oficialismo, sino entre un país que garantiza derechos o uno que los convierte en privilegios.
Hoy, mientras en Ayacucho muchas familias siguen esperando respuestas para acceder a tratamientos, pensiones o transporte adaptado, las redes se llenan de comunicados con emojis y frases rimbombantes. Pero la realidad no se tapa con retórica. Se transforma con voluntad política y compromiso humano. Y en eso, este gobierno —y sus representantes locales— están eligiendo mirar para otro lado.
