La designación de un juez evangélico, el Procurador General de la Unión Jorge Messias, en la Corte Suprema abrió un interna inesperada entre Lula y las autoridades del Congreso. Pero esto no tiene que ver con pruritos religiosos sino con la intención de este sector de la política de ubicar en esa vacante a Rodrigo Pacheco, ex presidente del Senado.
El gesto de hostilidad se expresó en la decisión del presidente del Senado, Davi Alcolumbre y el de la Cámara de Diputados, Hugo Motta de no asistir a la ceremonia de firma del proyecto de ley que aumenta la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta R$ 5.000.
Lula esperaba la asistencia de ambos dado que la medida fue aprobada en el Congreso e incluso los había invitado a hablar en la ceremonia. La decisión, acordada entre ambos, revela desacuerdos y, definitivamente, pone la crisis en manos del presidente.
Hasta entonces, tanto Alcolumbre como Motta habían criticado a los líderes del PT en el Senado, Jaques Wagner, y en la Cámara (Lindbergh Farias), con quienes afirmaban haber roto relaciones. Con su ausencia en la ceremonia, el blanco directo recae sobre el presidente Lula. La intención de los dos parlamentarios era hacer aún más explícito el descontento de la cúpula del Congreso con el gobierno federal por la designación de Messías.
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Alcolumbre ha estado atacando duramente a Messias, minando sus posibilidades de ser aprobado por el Senado para el cargo. Esta semana, programó la audiencia de debate ante la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado para el 10 de diciembre, dejando poco tiempo para que el candidato elegido por Lula se presentara ante los senadores.
Motta, por su parte, ha acumulado fricciones con el gobierno desde que logró que la propuesta de aumentar el Impuesto sobre las Operaciones Financieras (IOF) fuera rechazada en la Cámara de Diputados.
Los desacuerdos se intensificaron durante la votación del proyecto de ley contra el crimen organizado enviado por Lula que crea una ley autónoma para combatir organizaciones criminales “ultraviolentas”, milicias y grupos paramilitares, y establece penas de entre 20 a 40 años de prisión -que pueden llegar a 66 años para líderes- para delitos como dominio territorial, ataques con explosivos, bloqueo de vías y reclutamiento de menores.
El presidente de la Cámara designó a un opositor al gobierno, el diputado Guilherme Derrite como relator de la propuesta en una decisión que fue criticada por el PT.
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Lula sigue creciendo en las encuestas. La última de CNT/MDA afirma que la imagen positiva de Lula pasó de 44 a 48 por ciento con un rechazo de 49 y una expectativa de mejora que crece.
Esto es producto de la estabilidad económica y la caída de los precios de los alimentos y el tipo de cambio y el acuerdo con Donald Trump por los aranceles. Por eso, la pelea con el Congreso en las vísperas del año electoral se volvió el problema principal para el gobierno.
