El gobernador Maximiliano Pullaro anunció en la apertura de sesiones ordinarias la eliminación del aporte solidario extraordinario que venían realizando los jubilados provinciales y aceleró el traslado de los aumentos salariales a los pasivos, que ya no se liquidarán a los 60 días sino al mes siguiente, medidas con la que saneó un déficit millonario de la Caja Previsional pero que generó gran malestar entre los trabajadores estatales. Ahora, la decisión reconfigura el frente previsional en un momento políticamente sensible.
La medida se conoció en plena negociación paritaria con docentes y estatales, y días después de la protesta policial que obligó al Ejecutivo a recalibrar su estrategia salarial. El gobernador defendió la reforma previsional al sostener que permitió reducir a la mitad el déficit de la Caja, pero admitió que los resultados debían “llegar a los jubilados”.
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En la oposición leyeron el anuncio como un retroceso obligado. Fuentes del gremio docente que hablaron con LPO consideraron que el Gobierno “está yendo para atrás” y vinculó el anuncio con la inminencia de amparos judiciales contra el descuento.
Según explicaron, los primeros expedientes estaban próximos a llegar a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, donde el antecedente reciente no favorece a la provincia: el Máximo Tribunal rechazó por unanimidad la estrategia de Pullaro de apartar jueces previendo un fallo adverso.
Como sea, en el gremio docente creen que el gobernador que viene de darle aumentos importantes a la policía y de anunciar la eliminación del descuento “solidario” a jubilados se va a volver a endurecer ante el ofrecimiento a los maestros.
Por otro lado, desde el perottismo, el diputado Marcos Corach cuestionó la distancia “entre el relato institucional y la provincia real” y señaló que el discurso omitió una autocrítica sobre la crisis policial, uno de los episodios institucionales más delicados del último año.
En su mensaje, Pullaro intentó enmarcar la decisión dentro de un esquema de orden fiscal y autoridad política. Pero el movimiento sobre el régimen previsional funciona también como un gesto a los estatales y al mismo frente oficialista donde algunos sectores por lo bajo cuestionaban la dureza con que son tratados por el Ejecutivo aunque, en un arranque de año atravesado por salarios, protestas y tensión judicial.
