El diputado Ernesto Alí amplió a fines de septiembre una denuncia contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado y omisión maliciosa, después de corroborar con la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales de San Luis la registración de inmuebles a nombre de personas vinculadas al gobernador.
El legislador peronista acusó a Poggi de montar un “entramado patrimonial familiar” al detectar que la hija del gobernador, María Victoria Poggi, es titular de ocho inmuebles mientras que su hijo, Federico Poggi, acredita cinco propiedades. Ambos tienen menos de 40 años de edad, los ingresos declarados de su padre no serían compatibles con ese volumen patrimonial y Alí advierte la necesidad de profundizar la investigación, que se inició en su provincia a raíz del trabajo periodístico del abogado Gustavo Reviglio.
LPO accedió a los documentos donde se asienta la constitución del usufructo gratuito, vitalicio y con derecho de acrecer en favor de los jóvenes. En los hechos, implica el traspaso de los bienes de Poggi a sus hijos, aunque el gobernador puede seguir disponiendo de los bienes hasta su fallecimiento.
También la esposa de Poggi, Sandra Mabel Correa Sosa, tiene a su nombre otros cuatro inmuebles. Por eso, el abogado Leonardo Martínez Herrero, representante legal del diputado, solicitó al Poder Judicial que se libren oficios para determinar tipo de inmuebles, superficie y valuación fiscal, como así también constancias de titularidad dominial y fechas de adquisición, y reclama informes a ARCA sobre situación fiscal y declaraciones de ganancias de los implicados e información de entidades bancarias y financieras.
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Incluso, el letrado pidió que se cite a Alí a declarar en el juzgado federal de San Luis el pasado 11 de septiembre, con el objetivo de ratificar personalmente su denuncia. Hasta este viernes, la causa estuvo inmóvil.
En rigor, la denuncia de Alí, quien ingresó al Congreso por UP pero se separó de la bancada de Germán Martínez hace un mes, recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y en la investigación debía intervenir la fiscal Paloma Ochoa, pero ambas se declararon incompetentes y la remitieron a la Justicia Federal de San Luis. Allí estaba radicada la denuncia de Reviglio, pero la mantienen pisada el juez Juan Carlos Nacul y el fiscal Cristian Rachid.
Inicialmente, el legislador tramitó su denuncia en los tribunales de Comodoro Py porque el incremento patrimonial de Poggi se produjo mientras se desempeñaba como diputado y senador. Además, eludía de esa manera, aunque sin resultados positivos a la postre, el control del Poder Judicial que Poggi ejerce en su provincia.
El trámite judicial del diputado y su neutralización en tierra puntana no son más que la expresión de la lucha política entre Poggi y Alberto Rodríguez Saá. Los funcionarios que supieron acompañar al ex gobernador acusan de persecución a su sucesor. De hecho, el pasado 26 de agosto el juez Santiago Olguín, a cargo del juzgado de Garantías N° 4 de San Luis, dictó la prisión preventiva de la ex diputada Anabela Lucero, procesada por el uso de facturas falsas mientras estuvo al frene del complejo cultural Molino Fénix, por un monto de alrededor de 900 millones de pesos.
En ese contexto, Alí denunció que desde el 2017 al 2023 el patrimonio del denunciado pasa de $ 9.338.689,20 netos en el año 2017 a $ 79.586.045,10 en los años 2022/2023. “Esto implica un aumento de casi 70 millones de pesos en un período relativamente corto, incremento que no se corresponde con sus ingresos como diputado y senador nacional, rentas por alquileres y montos declarados como ingresos no alcanzados”, detalla.
En la denuncia se precisa que hay “fuerte dolarización del ahorro”, “tenencia constante y elevada de efectivo físico en dólares durante varios años”, “revaluaciones extraordinarias de inmuebles rurales y urbanos, especialmente en Alpa Corral”, “diferencias aritméticas imposibles entre declaraciones juradas consecutivas” y “ausencia total de trazabilidad financiera”.
Alí detectó que del 2017 al 2018 el patrimonio de Poggi subió en $ 3,4 millones y atribuyó ese aumento a una “diferencia de valuación de los mismos bienes, justificada genéricamente por inflación y variación del dólar”. “Este mecanismo contable comienza aquí a repetirse de forma sistemática a lo largo de los años”, alertó.
En efecto, el actual gobernador duplicó el patrimonio que tenía antes de asumir como senador para 2019, cuando declaró $20.476.716,16 al cierre del ejercicio. “En esta declaración jurada además se registra una diferencia de valuación por más de $ 5,1 millones, ingresos y gastos que no cierran adecuadamente con el aumento patrimonial y la aparición de tenencias muy significativas en dólares, incluyendo efectivo físico por USD 111.495”, asentó.
Pero la prosperidad de Poggi no se detuvo cuando culminó el gobierno de Mauricio Macri. Durante el año de la pandemia, su patrimonio trepó $ 10 millones y lo mismo ocurrió en 2021. O sea que de las declaraciones juradas de Poggi surge que cuadruplicó su patrimonio en cuatro años.
Sin embargo, Alí pone el foco en el salto brutal de 2022. “Bienes al inicio: $39.522.367,90. Bienes al cierre: $79.586.045,10. Deudas: desaparecen completamente”, plantea el denunciante.
La inquietud del opositor de Poggi se debe a que el gobernador declaró ingresos totales por trabajo y alquileres por $10.898.425,43, ingresos no alcanzados por $6.054.472,31, gastos personales por $6.892.200,48 y gastos no deducibles: $2.093.152,00. “La capacidad de ahorro ‘explicable’ ronda entre $ 7 millones y $ 9 millones, mientras que el aumento patrimonial real supera los $ 40 millones, brecha que se pretende justificar con una ‘diferencia de valuación’ por $ 32.431.108,69”, desmenuza.
Finalmente, Alí señala que la declaración jurada de baja en 2023, cuando deja su cargo como diputado para asumir como gobernador de San Luis, “contiene errores incompatibles con la veracidad de la declaración”. “Bienes inicio 2023: $37.876.399,86. Pero al cierre de 2022 fue $79.586.045,10. En esta declaración jurada desaparecen $ 41 millones y se consigna una diferencia de valuación por $ 201.604.098,73, cifra matemáticamente incompatible con los totales declarados”, asegura.
Por otra parte, apunta que hay “omisiones deliberadas y contradicciones internas que permiten inferir falsedad ideológica”. “El mismo bien o conjunto de bienes parece ser reconfigurado en categorías diferentes (‘lote de terreno’, luego ‘casa recreo/veraneo’) con saltos de valuación muy intensos en poco tiempo”, indica, y postula que “esta contradicción interna configura una omisión deliberada de información relevante, que impide reconstruir el flujo de fondos del ejercicio”, agrega.
Alí también se detiene a observar el manejo de dólares y efectivo: en 2019 acreditó plazos fijos en USD que van de los 55 mil a los 63 mil y efectivo físico con un salto de USD 97 mil a 111.495. “La tenencia de efectivo físico en dólares, constante durante varios años, configura un indicador de opacidad, evasión de trazabilidad y potencial canalización de ingresos no declarados”, advierte.
Por otro lado, pone en foco la revaluación de un inmueble en ALPA CORRAL, que solo en 2022 favorece a Poggi por un terreno de 45 m2 cotizado en $943.957,77 a $6.774.666,15. Lo mismo con un inmueble rural de 18.100.000 m2, que duplica su valor en un año.
