En la última sesión del Concejo Deliberante de Ayacucho, un expediente volvió a poner sobre la mesa los problemas heredados de una mala administración que, con el paso de los años, siguen generando costos millonarios para el municipio. Esta vez, el tratamiento del expediente 80/25 —un proyecto de ordenanza que convalida un acuerdo entre el Ejecutivo y las herederas de Manuel Lorenzo— culminó con la aprobación de un pago indemnizatorio por 40 millones de pesos. Una suma que saldrá, una vez más, del bolsillo de los contribuyentes.
El proyecto autoriza al Departamento Ejecutivo a firmar un convenio con Gladys Ana Lorenzo y Graciela Elizabet Lorenzo que reconoce los derechos de las herederas sobre un inmueble que durante años estuvo en una zona gris administrativa. Como parte del acuerdo, el Centro de Atención Primaria de Salud que funciona en el lugar quedará en propiedad del municipio, pero a cambio la comuna deberá abonar a las herederas 40 millones de pesos, divididos en cuatro cuotas que se harán efectivas entre junio y septiembre de 2025.
La historia que desembocó en este pago es una crónica de errores que podrían haberse evitado. Tal como explicó la concejal Marcela Guisande en su intervención, todo comenzó el 22 de junio de 2012, cuando el entonces intendente Pablo Zubiaurre firmó un comodato por 20 años con el antiguo propietario para construir el Centro de Salud. Al año y medio, en un movimiento que buscaba apoderarse del terreno mediante una prescripción administrativa, la Municipalidad ya figuraba en Rentas como dueña del inmueble. Sin embargo, el comodato nunca se canceló y el acuerdo entre las partes jamás se formalizó debidamente.
Este irregular proceder quedó en evidencia cuando las herederas intentaron regularizar su situación. Al averiguar el estado del bien, descubrieron que la Municipalidad ya figuraba como propietaria, a pesar de que nunca hubo una escritura que respaldara tal derecho. Tras una serie de idas y vueltas y una amenaza de acciones legales, en mayo de 2023 el municipio las convocó a un nuevo acuerdo que reconociera la propiedad privada y a cambio permitiera que la comuna mantuviera el Centro de Salud. El resultado es el acuerdo que ahora se convalidó en el recinto.
Críticas cruzadas y responsabilidades sin asumir
El debate en el Concejo estuvo lejos de ser un mero trámite. Concejales oficialistas y opositores intercambiaron duras críticas por la responsabilidad política que le cabe a los distintos actores. “Es algo similar a lo que pasó con la plaza Feliciano de Vita, donde también terminaron pagando por un error administrativo que nunca debió ocurrir”, sostuvo el edil Divasson. Por su parte, Méndez apuntó contra la incoherencia de algunos concejales que “critican los errores pero luego celebran que el acuerdo sea la salida más sencilla, solo por quedar bien con los vecinos”.
Guisande fue tajante en su exposición: “Este no es un expediente más. Empieza en 2012, cuando el entonces intendente Zubiaurre y su secretario Emilio Cordonnier firman un comodato que después es desconocido por la propia municipalidad. Esta historia es un reflejo del desorden y la falta de compromiso en los actos administrativos que hoy nos obligan a desembolsar 40 millones para resolverlo”.
Giardini también tomó la palabra y trató de poner paños fríos, pero sin minimizar la situación: “No es lo mismo robar que equivocarse. Acá estamos ante errores que nunca deberían haber ocurrido, es una mala administración que nos ha dejado atados a decisiones como esta. Pero es falso que algún funcionario se haya llevado dinero al bolsillo. Eso es importante aclararlo”, destacó.
Una política que cuesta caro
La sesión también sirvió para repasar otras decisiones que terminaron costándole caro a la comuna. Desde la bancada opositora, recordaron que entre los juicios perdidos y los convenios por irregularidades en la ocupación de terrenos públicos y privados, el municipio ha tenido que afrontar sumas millonarias que superan los 500 millones de pesos. “Este tipo de actos parecen ser una política de Estado en Ayacucho: tomar inmuebles sin seguir los procedimientos que marca la ley y después terminar pagando cifras astronómicas para evitar juicios o desalojos. En vez de ahorrar, estamos derrochando recursos que podrían destinarse a otras prioridades, como otorgar un bono a los empleados municipales que tanto lo necesitan”, remarcaron.
Los concejales opositores también cuestionaron la falta de asunción de responsabilidades por parte de los funcionarios involucrados en estos errores. “En los expedientes queda clara la cadena de omisiones, pero hasta ahora nadie ha dado un paso al costado ni ha asumido los costos políticos por estos desmanejos. Al final, el que pierde siempre es el vecino, que ve cómo los fondos que deberían invertirse en salud, educación o servicios terminan cubriendo los errores de los que debieran cuidarlos”, señalaron.
Un mal que arrastra años
Lo que queda en evidencia tras este nuevo acuerdo es que el municipio arrastra problemas desde hace más de una década. La falta de control en los comodatos, la ausencia de gestiones que regularicen correctamente las propiedades, y las decisiones apresuradas que se toman sin el debido asesoramiento legal han traído consecuencias que hoy siguen impactando las finanzas públicas.
Los concejales que aprobaron el acuerdo coincidieron en que este es “el mal menor”, ya que un juicio en contra del municipio podría haber resultado mucho más caro. Sin embargo, nadie ignora que esta historia es parte de una cadena de desatinos que ya es tiempo de cortar. La pregunta que queda planteada es clara: ¿quién asume la responsabilidad por estos errores que se vienen arrastrando desde hace más de una década y que los ayacuchenses terminan pagando de su bolsillo?
