Son semanas intensas para el equipo periodístico de Diario Ayacucho. El ritmo de trabajo se ha acelerado notablemente y las dimensiones que va tomando nuestra investigación ya superan cualquier precedente en la historia reciente de nuestra ciudad.
No hablamos de un simple caso aislado. No hablamos solo de cheques sin fondo, ni de testamentos apócrifos, ni siquiera de negocios con dudosa legalidad. Consideramos que esto es una asociación ilicita, con múltiples ramificaciones y protagonistas que, al parecer, han aprendido a abusar del sistema durante años, en silencio. Y lo más alarmante: todo parece indicar que este entramado ha operado impunemente, amparado por grietas institucionales.
Cada día surgen nuevos casos, nuevos nombres, nuevos damnificados. En muchos de ellos se repite un patrón: maniobras organizadas, operaciones sistemáticas y una aparente coordinación entre actores clave. Por eso, ya no dudamos en llamarlo por su nombre: una posible asociación ilícita, que no solo atenta contra el orden jurídico, sino que se abusa de usted, vecino, y de todos los mecanismos que deberían protegerlo.
En los últimos días, hemos recibido consultas sobre presuntas represalias hacia nuestro equipo. Podemos confirmar que sí hemos sufrido coacciones, amenazas y presiones de quienes quieren que esto quede bajo la alfombra. Lo sabíamos desde el principio: cuando se toca poder, cuando se cuestionan privilegios, las reacciones no tardan en llegar. Pero también sabemos cuál es nuestro rol, y no vamos a detenernos.
La pregunta que nos hacemos —y que también debería hacerse la ciudadanía— es:
¿Cómo puede ser que vuelen cheques por cifras que superan los mil millones de pesos sin que ningún mecanismo estatal lo advierta o detenga?
El diario El Eco de Tandil publicó recientemente una noticia que se conecta directamente con nuestra investigación. Titulada “Un abogado, un escribano y un martillero investigados por estafas”, la nota hacía referencia a allanamientos realizados durante el fin de semana. Podemos asegurar que ese artículo no es un hecho aislado: está íntimamente vinculado con lo que investigamos en Ayacucho. Nada de esto es “zaraza”. Y vamos a seguir profundizando hasta llegar al fondo.
En esta entrega, compartimos con ustedes un nuevo caso real, documentado y ya judicializado, que expone con crudeza cómo se vulneran sistemáticamente derechos, leyes y garantías básicas.
🏚 Crónica de un lote cercado: historia de una posesión interrumpida
Había una vez, en una pequeña ciudad del interior, un terreno olvidado por el tiempo y por los mapas, cubierto de maleza y silencio. Su historia se remonta a décadas atrás, cuando un hombre mayor —de esos que creen en el valor de la palabra más que en el papel sellado— decidió limpiarlo por primera vez. El terreno, entonces desbordado por el abandono, empezó a tomar forma. Lo desratizó, lo cercó y comenzó a pagar sus impuestos con la convicción de quien siente que cuida algo que le pertenece, aunque no tenga escritura.
Esa tarea de recuperación fue, con los años, heredada por sus hijas. Ellas crecieron viendo cómo aquel pedazo de tierra se volvía un rincón querido y cuidado. Desde 2007, fueron ellas quienes se encargaron de mantenerlo limpio, de pagar las tasas, de cortarle el pasto y podar sus árboles. Era su forma de honrar a su padre, pero también de proteger ese pequeño espacio que sentían suyo, no solo por derecho, sino por dedicación.
Pero no todo cuento transcurre en paz. En diciembre de 2024, la rutina se quebró. De manera sorpresiva y violenta, un grupo de personas irrumpió en el lote. No hubo aviso previo ni advertencia legal. Simplemente, las herramientas comenzaron a trabajar: primero cortaron el alambrado, luego lo arrancaron. También se llevaron la tranquera. Aquel lugar, durante años silencioso, se vio sacudido por ruidos de motosierras que talaban árboles, y maquinarias que ocupaban el terreno como si fuera tierra de nadie.
El hecho fue advertido por un vecino, quien, alarmado, envió un mensaje de voz a una mujer mayor, madre de las actuales cuidadoras. Ella se acercó al lugar y, con voz firme pero serena, pidió explicaciones. No hubo diálogo posible. Solo amenazas, insultos y actitudes de intimidación. Aquellos desconocidos que afirmaban tener algún derecho sobre el lote siguieron adelante, como si nada ni nadie pudiera detenerlos.
Al día siguiente, la escena se agravó: instalaron un pilar para bajar electricidad, continuaron los movimientos de suelo y comenzaron con mediciones. Todo parecía indicar que allí se levantaría una construcción. Pero ¿cómo, si el terreno estaba en posesión de otras personas hacía más de veinte años? ¿Cuáles son los requisitos que te solicitan para bajar un pilar con electricidad?
Ese mismo día, las legítimas ocupantes del lote presentaron una denuncia penal por usurpación. La causa se inició formalmente, y el expediente quedó en manos de la fiscalía correspondiente. Hoy, el proceso sigue su curso judicial, mientras en el lote reina la incertidumbre.
Desde Diario Ayacucho seguimos recibiendo información, escuchando testimonios y cruzando datos. La red es más grande de lo que parecía. Lo que está en juego ya no es solo un terreno o una firma. Lo que está en juego es la confianza ciudadana en que la justicia funcione, claramente no funciona, no tenemos conocimiento que esté investigando algo de toda esta red, ¿y la policía, para qué esta?
Y en esa lucha, no vamos a retroceder.
