En el marco de la investigación que lleva adelante Diario Ayacucho sobre presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con cheques revotados, testamentos falsificados y apropiaciones indebidas de bienes, inmuebles rurales y urbanos, hemos recibido carta de lector que se publica a continuación y expone los hechos de lo que hablamos en esta investigación. El relato, respaldado por documentación oficial, podría encuadrarse dentro del funcionamiento de una posible asociación ilícita, en la cual un nombre vuelve a repetirse. Vale remarcar que quien aquí es denunciado comparte domicilio fiscal con la empresa que distribuyó más de mil millones de pesos en cheques, la gran mayoría de ellos rechazados por falta de fondos. Un dato que no puede pasar desapercibido.

Una exposición civil que destapa una maniobra sospechosa
Según consta en la exposición civil radicada el 13 de mayo de 2025 en una dependencia policial de Ayacucho, quien se identificó como administrador judicial del campo “la delia”, ubicado en el paraje Solanet y actualmente en proceso sucesorio tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 34, a cargo
del juez Rebaudi Basavilbaso.
El motivo de su presentación fue alertar sobre los rumores que habrían hecho circular distintos proveedores locales, quienes aseguran que un hombre identificado como Juan Lecker les habría manifestado, sin mostrar documentación alguna, ser el nuevo dueño de “La Delia”.
Rivas indicó que, aunque no vio personalmente al mencionado Lecker, sí tuvo conocimiento de que el 3 de abril este se habría hecho presente en el establecimiento con la excusa de “buscar rastrojos de girasol para arrendar”. Cuando los empleados le señalaron que debía dirigirse al casco del campo para hablar con Rivas o con el apoderado de los herederos, Lecker se retiró sin hacerlo.
A pesar de no haberse presentado nuevamente en el campo, se sostiene que Lecker sigue afirmando ser el propietario, lo que motivó el envío de una carta documento firmada por los abogados apoderados de los legítimos herederos.
Una advertencia legal: cese de manifestaciones falsas
En la carta documento fechada el 15 de mayo y enviada desde el Estudio Jurídico Rivas Orozco & Asociados, los apoderados de los herederos de “La Delia” le exigen a Juan Lecker que cese inmediatamente con sus manifestaciones “hipotéticas y falsas” respecto a su supuesta condición de comprador y nuevo dueño del campo.
“El establecimiento agropecuario, insisto, es de propiedad exclusiva y posesión efectiva de los Propietarios”, indica el documento legal, que además lo hace responsable por cualquier daño que sus declaraciones o acciones puedan generar. También se le prohíbe, de manera expresa, ingresar a cualquiera de los bienes pertenecientes a la sucesión sin autorización previa.
El texto, que cita el artículo 172 del Código Penal sobre defraudaciones, advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales por estafa, uso de documentos falsos o suplantación de identidad. Es decir, delitos graves.
Un nombre que se repite y un patrón que se extiende
La figura de Juan Lecker no es nueva para este medio. Su nombre aparece una y otra vez vinculado a presuntas maniobras de apropiación de terrenos, compras fantasmas, cheques sin fondo y estructuras empresariales que comparten sedes, apoderados y modus operandi. En particular, como dijimos al inicio, comparte el mismo domicilio fiscal que la empresa que emitió más de mil millones de pesos en cheques rebotados, un dato que, en sí mismo, debería haber encendido todas las alertas de los organismos de control financiero y judicial.
Este medio ha podido confirmar que varias de las personas físicas y jurídicas mencionadas en otras causas relacionadas también estarían operaron desde esa misma dirección, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada para ejecutar maniobras fraudulentas a gran escala, muchas de ellas ancladas en la ruralidad bonaerense, donde el control estatal escasea y la connivencia local se insinúa con más fuerza.
¿Quiénes son parte de la red? ¿Y quién los deja operar?
Desde que Diario Ayacucho comenzó a investigar estas maniobras –que afectan a productores locales, herederos legales y proveedores que nunca cobraron–, muchas personas se han acercado con datos y testimonios. También nos preguntan, una y otra vez, quiénes están detrás de lo que ya muchos consideran una red delictiva.
Pero la pregunta más urgente es otra: ¿por qué la justicia no investiga? ¿Qué hace la policía? ¿Por qué nadie detiene este avance sistemático sobre bienes y derechos de terceros?
El caso expuesto aquí, respaldado por una exposición civil y una carta documento, suma otra pieza clave en un rompecabezas oscuro que se extiende por Ayacucho y otras zonas rurales de la provincia. Diario Ayacucho seguirá investigando. Continuamos hablando con víctimas, recolectando documentación, contrastando datos y siguiendo los rastros de quienes hoy operan impunemente.
Porque la verdad tiene que conocerse. Porque alguien tiene que decir lo que otros prefieren callar.