La ley es tela de araña. Alfredo Zitarroza
Desde hace meses, la investigación de Diario Ayacucho ha puesto en evidencia irregularidades de la empresa “La Petayna S.A.” y su entramado financiero y societario. Sin embargo, los recientes acontecimientos muestran que no estamos solo frente a un caso de estafa millonaria: el Poder Judicial local aparece como un órgano tomado, permeable a influencias externas, y esa situación condiciona la ejecución de la justicia en nuestra ciudad.
El pasado sábado, el C.P.R. de Ayacucho, con colaboración de destacamentos de Maipú, La Costa, General Madariaga, General Guido y Lavalle, llevó a cabo cuatro allanamientos vinculados a la causa por estafa de “La Petayna”. Las medidas incluyeron la sede central en la esquina de 25 de Mayo y Belgrano y los establecimientos rurales “Los Herederos”, “Chacra Ene Irraza”, “Hermanos Suárez” y 19 de Julio al 1400. La policía secuestró documentos relevantes para la investigación, aunque no se realizaron detenciones.
La relevancia de estos allanamientos va más allá del procedimiento: se trata de un indicio de que “La Petayna” empieza a enfrentar las consecuencias de un poder que parecía funcionar sin control, y que además está condicionado por un Poder Judicial intervenido. La investigación no se limita a la recopilación de pruebas; también indaga en las estructuras judiciales que podrían estar filtrando información, poniendo en riesgo la imparcialidad del proceso.
Uno de los hechos que encendió las alarmas surgió de un comentario en Facebook de uno de los involucrado: “el mismo Poder Judicial me avisó, linda la señora que tenemos en Ayacucho”. La frase, aparentemente casual, apunta directamente a la existencia de una estructura judicial permeable a influencias externas, situación que, de confirmarse, comprometería la transparencia de la causa.
Horas antes de los allanamientos, Matías Leclercq publicó un mensaje en Instagram que mezcla acusación y contradicción: “allánenme tranquilo señora del Poder Judicial, los cheques de Petayna SRL están todo en blanco, no hay ninguna estafa, los cheques están sin fondo sí. Estafa le hizo usted a la compañía de seguro prendiendo fuego su auto o quiere que le dé pruebas”. La cronología del posteo —realizado el viernes a las 9:12 de la mañana, casi 12 horas antes de los allanamientos— pone de relieve la posibilidad de filtración de información desde el mismo Poder Judicial, un hecho que evidencia la vulnerabilidad institucional frente a intereses privados.
Los elementos recopilados hasta ahora señalan un patrón de contradicciones y posibles maniobras para influir en el curso de la investigación. Por un lado, un damnificado afirma que el Poder Judicial le comunicó información reservada; por otro, el propio Leclercq acusa al mismo órgano de alertarlo. El contraste genera un escenario complejo donde la justicia, la estrategia de los implicados y la percepción pública se entrelazan.
No obstante, la actuación policial y de ciertos sectores judiciales demuestra que existe un núcleo comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. El secuestro de documentos en distintos puntos del partido es evidencia tangible de que la investigación avanza, pese a las presiones mediáticas y las declaraciones públicas que buscan moldear la percepción de los hechos. La tarea periodística, en este contexto, adquiere un valor crucial: poner en evidencia las inconsistencias y garantizar que la información llegue al lector de manera clara, sin filtros ni ediciones que diluyan la verdad.
El capítulo seis de nuestra investigación no se limita a relatar hechos: analiza las estructuras de poder que permiten estas irregularidades. ¿Cómo es posible que un ciudadano publique información anticipada sobre medidas judiciales que lo involucran? ¿Existe una complicidad tácita dentro del Poder Judicial, o estamos frente a la acción de actores individuales que buscan proteger intereses particulares? Las respuestas a estas preguntas definirán el rumbo de la causa y, eventualmente, la responsabilidad de los implicados.
Los antecedentes de Leclercq y “La Petayna” son relevantes para comprender la magnitud de los hechos. En capítulos anteriores documentamos confesiones públicas, ocupación irregular de terrenos y movimientos financieros que exceden cualquier marco legal plausible. Hoy, a la luz de los allanamientos y de los comentarios sobre el Poder Judicial, se revela un entramado que combina acción empresarial, presuntas irregularidades judiciales y estrategias mediáticas orientadas a desviar la atención.
Diario Ayacucho continuará con la investigación, con la misma meticulosidad, rigor documental y compromiso ético que ha caracterizado cada entrega. La serie de capítulos pretende no solo informar, sino también generar un debate público sobre la transparencia institucional, la responsabilidad corporativa y la función de un Poder Judicial independiente en casos de alto impacto económico y social.
El lector, finalmente, es quien recibe y analiza los hechos, quien confronta declaraciones, documentos y publicaciones en redes sociales. La pregunta que surge inevitablemente es: en un sistema donde las instituciones funcionan con normalidad, ¿cómo se explica que un ciudadano tenga información anticipada sobre allanamientos que lo involucran? Mientras no haya respuesta clara, la sombra de la duda seguirá acompañando la investigación.
Con este capítulo, Diario Ayacucho reafirma su compromiso con la verdad, con la justicia y con los ciudadanos. La serie de investigaciones no cesará, porque la información precisa y verificada es la única herramienta que permite a la sociedad exigir responsabilidad y transparencia. Y mientras algunos intenten desviar la atención, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra función: contar la historia completa, con nombres, fechas y pruebas, sin medias tintas ni concesiones.
