El gobierno decidió volver patear la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). En un contexto de recaudación en caída, la medida funciona como un alivio inflacionario de corto plazo, pero abre un agujero fiscal cada vez más difícil de tapar.
A través del decreto 217, publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada postergó en abril la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), que impactan directamente en el precio de naftas y gasoil. La decisión lleva la firma de Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. El objetivo es claro: evitar que un ajuste impositivo se traslade al surtidor y sume aún más presión sobre la inflación, que va camino a mantener la tendencia alcista por décimo mes consecutivo.
Pero el costo es inmediato. Según la consultora Economía y Energía, el diferimiento de un mes implica resignar unos 150 millones de dólares de recaudación. No es un hecho aislado. La misma firma calcula que, por la actualización parcial aplicada durante 2025, el Tesoro dejó de percibir cerca de 2.500 millones de dólares.
El impuesto está regido por la ley 23.966 y debería ajustarse de manera trimestral en enero, abril, julio y octubre, siguiendo la evolución del IPC del INDEC. Sin embargo, el gobierno viene dosificando esas subas. El resultado es un atraso acumulado significativo: en naftas, el tributo quedó congelado en niveles que corresponden a fines de 2024, mientras que en gasoil el rezago es menor, pero también persiste.
En términos concretos, todavía hay pendiente una actualización de 187 pesos por litro en naftas y de 82 pesos en gasoil. En los últimos meses, el Ejecutivo aplicó subas parciales de unos 15 pesos mensuales, muy por debajo de lo que marca la normativa.
El esquema funciona como una olla a presión: el gobierno contiene los precios hoy, pero acumula un ajuste que en algún momento tendrá que liberar. Cada mes que pasa sin actualizar el impuesto, el costo fiscal crece y la brecha con el valor teórico se agranda.
Ese deterioro ya se ve en los números. En marzo, la recaudación tributaria alcanzó los $16,07 billones, con una suba nominal del 26,2% interanual pero una caída real del 4,5%. Se trata del octavo mes consecutivo con retrocesos en términos reales, en un contexto donde la inflación todavía se ubica por encima del crecimiento de los ingresos fiscales, tal como advierte la consultora ACM en su último informe.
El cuadro es generalizado. El IVA cayó 2,6% en términos reales y encadena cinco meses en baja. Ganancias se desplomó 11,3% real, afectado por cambios en el esquema de anticipos. Bienes Personales retrocedió 9,2%. Incluso los tributos ligados a la seguridad social mostraron caídas cercanas al 3%.
En ese contexto, el impuesto a los combustibles aparece como una de las pocas fuentes que venía sosteniendo la recaudación, con un crecimiento real del 17,3% y 23 meses de subas consecutivas. Justamente por eso, congelarlo tiene un impacto directo: se resigna uno de los pocos motores fiscales que seguían en pie.
Para dimensionar el costo, en el propio Gobierno reconocen tensiones de caja cada vez más visibles. La disputa por el financiamiento del PAMI, donde desde el área de Mario Lugones le reclaman a Toto Caputo unos 1.000 millones de dólares para sostener prestaciones, expone hasta qué punto la falta de recursos ya impacta en áreas sensibles.
La decisión tiene una explicación clara: el precio internacional del petróleo. La guerra en Medio Oriente disparó el Brent lo que ya empezó a trasladarse al mercado local. En marzo, la nafta subió cerca de un 18,8%, empujada por ese contexto externo.
El problema es lo que viene. Según estiman desde la consultora Estudios Energéticos, cuando el aumento de la cotización internacional crudo se traslade completamente, el precio en surtidores podría subir todavía más, con incrementos adicionales que rondan el 30%.
