La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de la defensa del lobista judicial Santiago Busaniche para que se apartaran a los fiscales que actúan en las causas donde está implicado junto al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por una extorsión contra empresarios bursátiles rosarinos.
La resolución de Casación rechaza por unanimidad el pedido de recusación de los fiscales federales de la Procuración Contra el Lavado de Activos (Procelac) Diego Velasco y Juan Argibay Molina de parte de los abogados de Busaniche.
Lo que hay por debajo de esta guerrilla de recusaciones, que viene de lejos, es una batalla legal donde se trata de determinar si hay figuras de importante relevancia en la Justicia que pudieron haber motorizado el chantaje investigado. Uno de los que aparece en la discusión es el poderoso ex administrador de la Corte Suprema de la Nación Héctor Daniel Marchi.
Abren investigación a Marchi y a un ex ministro santafesino por el caso de Busaniche
Busaniche, cuya defensa impulsó la presentación rechazada por Casación, es un escribano santafesino que armó una estructura de influencias muy fuertes en la Justicia Federal. Un hombre de 53 años que no tiene cargos judiciales pero que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna.
Según se ventiló en audiencias públicas, Busaniche desde Buenos Aires impulsó con reiterados mensajes que se difundieron en el trámite a que Vaudagna avanzara con el armado de una documentación para que luego Bailaque impulsara una causa por lavado de activos contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Algo que finalmente ocurrió en 2019 hasta que Bailaque paralizó la causa sin motivos en 2021. Iglesias declaró que eso pasó porque pagó en cinco oportunidades sumas hasta reunir 160 mil dólares para que la persecución en su contra cesara.
Los abogados de Busaniche habían recusado a los fiscales Velasco y Argibay Molina. Pero con argumentos técnicos los camaristas de Casación Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Daniel Petrone rechazaron esa presentación.
Aunque los defensores de manera rutinaria en este caso han pedido apartar a los fiscales esta decisión judicial que se los niega tiene una relevancia muy particular. Y es que esta medida, según confiaron a LPO fuentes de la Justicia Federal de Rosario, cierra la vía recursiva ante la Corte Suprema y ratifica que los fiscales seguirán actuando.
Como precedente adquiere fuerza porque evita que la causa se paralice y avance hacia el juicio oral. Hace menos de un mes Casación también había declarado nulo un pronunciamiento de Aníbal Pineda, presidente de la Cámara Federal de Rosario, que había suspendido el trámite hacia el juicio oral y público de Bailaque y los demás implicados en esta causa.
Los planteos de Busaniche ya habían recibido un rechazo de Casación en mayo de este año.
Pero esto tiene implicancias que apuntan más alto. Los defensores de Busaniche son Diego Pirotta, Débora Lichtmann y Fernando Buján. A principios de año propusieron el llamado de varios testigos, cuestionando que la fiscalía no los haya llamado luego que de Vaudagna apuntara al ex administrador de la Corte como instigador de la extorsión contra los agentes bursátiles de Rosario. Entre otros testigos propusieron a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó, y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
También pidieron que llamaran a declarar al ex ministro de Justicia de Santa Fe Ricardo Silberstein, que actuaba en el directorio de la compañía aseguradora San Cristóbal, al igual que Claudio Iglesias, que es uno de las víctimas de la extorsión que se le atribuye como tramoyista a Busaniche.
En ambos casos los defensores del lobista plantearon que Marchi y Busaniche tenían que comparecer como testigos pero relevados del juramento de decir la verdad por si surgieran elementos que implicaran responsabilidades penales.
Lo que ocurrió después, que hizo reaccionar a los defensores, es que los fiscales de Procelac tiempo más tarde notificaron a Marchi y a Silberstein que habían iniciado una investigación para determinar si sus conductas eran pasibles de reproche.
Esto no dejó contenta a la defensa del escribano santafesino. Ocurre que cuando una persona es investigada adquiere una protección constitucional que impide declarar contra uno mismo. En esa situación, si eventualmente Busaniche quisiera hacer preguntas incriminantes o que pudieran considerarse así, SIlberstein o Marchi podrían excusarse y no contestarlas. Si por el contrario declarasen como testigos, tienen obligación legal de decir la verdad y si faltan a la verdad, en contra de un imputado, pueden ser penados con hasta diez años de prisión por falso testimonio. Se infiere entonces que declarar como testigo es, para la defensa de Busaniche, un instrumento de presión contra las dos personas a las que propuso citar, y que ahora están investigadas en una carpeta penal de modo preliminar.
Por eso frente a la investigación notificada, la defensa reaccionó, según contó a LPO un abogado que actúa en el trámite, pidieron el apartamiento de los fiscales. Esto es lo que Casación evitó.
Contador, oriundo de Rafaela, Héctor Daniel Marchi fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema con el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los recursos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 por el estallido de una interna. Quien resistió su relevo, como lo reflejó la prensa por entonces, fue Lorenzetti.
La resolución de Casación valida la continuidad del trámite que lleva a juicio a Bailaque, Vaudagna, Whpei por la extorsión y que tiene conectado a Busaniche que puede correr la misma suerte. Hace veinte días el mismo organismo revisor de la Justicia Federal rechazó por unanimidad el planteo de frenar el avance de las instancias que llevan al debate oral y púbico de este caso.
Esto implica en principio que el trámite dejará de estar paralizado. En menos de diez días habrá una audiencia con todos los implicados para comenzar a analizar la prueba en Rosario camino al juicio oral y público. Los camaristas del alto tribunal federal disponen al resolver la continuidad del proceso. Al mismo tiempo declaró inadmisibles los planteos de las defensas de los acusados en esa causa de corrupción que pidieron anular el trámite del juicio y le cargó las costas de esa acción. Fue contra los representantes legales de Bailaque y de Busaniche.
