La concejal Marcela Guisande denunció públicamente una situación que genera preocupación y debate en Ayacucho: un matrimonio local fue privado de la entrega de medicamentos esenciales para el tratamiento de salud de uno de sus integrantes. La decisión, según relató la edil, se tomó en el Hospital Municipal, donde les informaron que no se les continuaría proveyendo la medicación.
El caso salió a la luz durante una entrevista que Guisande brindó en FM 95.3, y fue luego ampliado en diálogo con Diario Ayacucho. Allí, la concejal expresó su indignación ante lo que considera un recorte injustificado de ayuda sanitaria, en línea con políticas nacionales que priorizan el ajuste por sobre el acompañamiento social.
“El hombre estaba siendo atendido desde hace un año, recibiendo el tratamiento correspondiente. Es una medicación que no puede interrumpirse. Sin embargo, cuando fue nuevamente al hospital, le dijeron que no podían seguir entregándole los medicamentos”, relató la concejal.
Según explicó, la razón brindada por el hospital fue que el paciente figura como responsable inscripto, lo cual, a ojos de la administración, lo excluiría del sistema de cobertura gratuita. No obstante, Guisande aclaró que el hombre actualmente no trabaja y que mantiene esa categoría únicamente porque está esperando su jubilación. “Él no tiene ingresos. Su esposa es empleada municipal, y entre ambos no pueden afrontar el gasto del tratamiento, que ronda los 62.000 pesos mensuales”, subrayó.
Ante esta negativa, Guisande se reunió con autoridades del hospital junto a los damnificados. Sin embargo, según su testimonio, el encuentro no fue positivo. “No hubo interés en solucionar el tema. Incluso la trabajadora social que estaba presente no nos trató bien. No digo que hubo maltrato, pero sí un destrato claro. Como puede ser que esto ocurra en nuestro hospital”, manifestó con preocupación.
La concejal hizo hincapié en que la salud debe estar por encima de cualquier tecnicismo administrativo o categorización fiscal. “Estamos hablando de una situación grave. De una persona que necesita medicación vital y no puede pagarla. Es una lástima que se niegue la asistencia en casos tan sensibles, donde claramente se demuestra que el matrimonio no puede afrontar esos gastos”.
El relato puso en evidencia una realidad que muchos vecinos también atraviesan en silencio. Desde la oposición, comienzan a señalar que se están aplicando criterios cada vez más restrictivos en áreas sensibles como la salud, dejando a personas vulnerables fuera del sistema de contención.
Este caso se suma a una creciente lista de denuncias en distintos puntos del país sobre recortes o burocratización de la ayuda social y sanitaria, especialmente en contextos de crisis económica. “Lo que nos pasó en esa reunión fue una muestra del desinterés. Se entiende que hay normas, pero también debería haber humanidad. No podemos dejar sin medicación a alguien porque figura en un papel como responsable inscripto, cuando en la práctica no tiene ingresos”, concluyó Guisande.
La situación genera interrogantes: ¿quién decide quién puede y quién no acceder a un tratamiento vital?, ¿cuáles son los límites éticos y administrativos del sistema de salud?, y sobre todo, ¿qué pasa cuando las reglas se anteponen a la urgencia de salvar una vida?
