Estados Unidos presentó su informe anual sobre la violación a los derechos humanos con un especial énfasis puesto en Brasil. El texto advierte que “la situación de los derechos humanos ha declinado durante el año en Brasil”.
El documento critica la supuesta represión desproporcionada de la libertad de expresión para los seguidores de Bolsonaro, así como la suspensión temporal de la red social X que dictaminó la Justicia del país por la desinformación de esta plataforma.
También se enfoca en el rol de Alexandre de Moraes en el Supremo Tribunal Federal y plantea que “los registros judiciales revelan que el juez ordenó personalmente la suspensión de más de 100 perfiles de usuarios en la plataforma X , suprimiendo desproporcionadamente el discurso de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, en lugar de adoptar medidas más estrictas para penalizar el contenido que incitaba a acciones ilegales inminentes o acoso”, afirma.
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Este es también uno de los argumentos que utiliza la administración Trump para justificar el aumento de aranceles en Brasil.
El 30 de julio, el gobierno sancionó a Moraes bajo la Ley Magnitsky, que impone sanciones económicas a los extranjeros acusados por la Casa Blanca de graves violaciones de derechos humanos.
A su vez, Washington afirma que “la supresión generalizada de la libertad de expresión en redes sociales ha bloqueado el acceso de los brasileños a la información y a sus puntos de vista sobre diversos temas nacionales e internacionales. Además, la prohibición temporal del uso de VPN por parte de la corte, bajo pena de multa, debilitó aún más la libertad de prensa al eliminar las protecciones de privacidad de las personas cuya capacidad para denunciar la corrupción gubernamental dependía de poder hacerlo de forma anónima”.
En otro fragmento, el Departamento de Estado de EE.UU. afirma que “Brasil, en general, ha respetado la Constitución, que prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y reconoce el derecho de las personas a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante los tribunales”.
Sin embargo, agrega que “figuras políticas y grupos de derechos humanos han alegado que el gobierno ha detenido durante varios meses sin cargos a cientos de personas acusadas de participar en las protestas que llevaron al asalto a edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023. También alegaron que a estos manifestantes se les ha negado el acceso a asistencia legal”.
Como contracara, Donald Trump eliminó críticas a El Salvador, Israel y Rusia. Sobre El Salvador, el Departamento de Estado afirma que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos”, a diferencia del informe de 2023 bajo Joe Biden, que sí reportó casos de tortura y malas condiciones penitenciarias.
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Con respecto a Israel, aunque el informe menciona ejecuciones extrajudiciales de palestinos, también destaca que el Gobierno israelí adoptó medidas para identificar a los funcionarios responsables de abusos en el marco de la ofensiva sobre Gaza.
Asimismo, se eliminaron las críticas presentes en años anteriores a la reforma judicial del primer ministro, Benjamín Netanyahu, considerada entonces un ataque a la separación de poderes, así como referencias a su caso de corrupción.
