Florencia Eguilor, edil del bloque oficialista, alertó sobre una presunta irregularidad institucional por parte de la concejal Sandra Divasson, de Unión por la Patria. La acusación generó un fuerte cruce en el recinto.
Durante la última sesión del Concejo Deliberante de Ayacucho, la concejal Florencia Eguilor denunció públicamente una situación que calificó como “grave” y “perjudicial para la confianza pública”. La edil oficialista acusó a su par, Sandra Divasson, de haber incorporado de forma irregular una firma en un despacho de la Comisión de Asuntos Legislativos, además de adjuntar un acta que no habría sido registrada previamente en el libro oficial del cuerpo legislativo.
La irregularidad, según Eguilor, consistió en la firma de un documento fuera del tiempo y forma establecidos por reglamento, justo antes del inicio de una reunión de comisión. Esta acción, afirmó, vulnera principios elementales de transparencia, legalidad y confianza institucional.
“La documentación pública debe ser tratada con el máximo cuidado. Nos debemos a nuestros vecinos y debemos predicar con el ejemplo”, expresó Eguilor, al tiempo que advirtió que la adulteración de documentos públicos “constituye un delito” y socava la legitimidad del Concejo como institución democrática.
Tras su exposición, el bloque oficialista solicitó que la situación quede notificada por escrito a la edil involucrada, con el objetivo de que conste en actas y se eviten hechos similares en el futuro.
La respuesta de Divasson: críticas al oficialismo y defensa de su accionar
Ante la acusación, la concejal Sandra Divasson tomó la palabra en la misma sesión y rechazó enfáticamente haber cometido delito alguno. Aseguró que la situación fue “exagerada” y “politizada”, y negó que se tratara de una adulteración. Según su testimonio, su firma fue agregada al despacho en disconformidad, lo cual —según argumentó— no debería ser motivo de escándalo.
Divasson también cuestionó el uso del reglamento interno por parte del oficialismo: “Algunas concejalas lo aplican sólo cuando les conviene. La ley debe ser para todos por igual”, afirmó. En esa línea, sostuvo que es frecuente firmar despachos incluso cuando no se coincide plenamente, como parte de los consensos internos del bloque político al que se pertenece.
Además, ironizó sobre el hecho de que muchos proyectos llegan al Concejo ya firmados desde el Ejecutivo, lo que —a su entender— convierte a las comisiones en una suerte de “escribanía” sin verdadero debate legislativo. “Firmé porque represento a un espacio político, y muchas veces acompañamos decisiones que no compartimos del todo. Pero eso no es adulterar nada, es parte del funcionamiento político”, sostuvo.
Divasson cerró su intervención asegurando que no se considera responsable de ningún delito y que está dispuesta a recibir las notificaciones formales que correspondan.
Una discusión que pone en debate las prácticas legislativas
El episodio dejó al descubierto una tensión de fondo sobre el funcionamiento institucional del Concejo Deliberante y la forma en que se manejan los procedimientos administrativos internos. La denuncia de Eguilor busca marcar un límite claro en relación con la documentación oficial y los pasos reglamentarios que deben respetarse. Por su parte, la defensa de Divasson apunta a relativizar el hecho, enmarcándolo dentro de prácticas habituales de la vida política.
En un contexto donde la confianza pública hacia las instituciones se encuentra en constante tensión, hechos como este renuevan la discusión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y coherencia dentro de los espacios legislativos locales.
La situación quedó asentada en actas y se espera que en los próximos días se evalúe si corresponde avanzar en alguna medida administrativa o institucional respecto del episodio.
