Una trabajadora habría percibido una suma cercana al millón de pesos, superior a la que cobrarían enfermeras contratadas. Fuentes internas también plantearon dudas sobre su formación y las funciones que cumplía, aunque este medio no pudo verificar su documentación profesional.
La situación laboral de una mujer que se desempeñaba en el Hospital Municipal de Ayacucho generó cuestionamientos sobre las modalidades de incorporación de personal, los criterios salariales y los controles de formación profesional dentro del establecimiento.
Según la información recabada por este medio, ATE puso bajo la lupa el caso de una trabajadora que percibiría ingresos mediante un subsidio, por un monto que superaría al de enfermeras contratadas.
“Cobraba casi un millón de pesos, cuando cualquier enfermera cobra entre 300 y 400 mil pesos”, señalaron fuentes consultadas. Los montos mencionados no fueron corroborados por este medio mediante recibos o documentación oficial. Tampoco se cuenta con precisiones que permitan comparar cargas horarias, funciones y conceptos incluidos en cada remuneración.
El cuestionamiento de ATE
Desde el sector gremial apuntaron contra la utilización de subsidios como mecanismo de incorporación de trabajadores y cuestionaron su relación con la política del Ejecutivo respecto de la planta municipal.
“El gobierno local dice que no quiere agrandar la planta y genera estos nuevos subsidios para no tener que blanquear nuevos empleados”, expresaron.
Asimismo, aclararon que el planteo está dirigido a las decisiones de las autoridades y a las condiciones laborales, no a la trabajadora involucrada.
“Esto no es contra la persona, es contra una política de Estado que no condice con lo que dicen y que va en contra de los derechos de los trabajadores”, agregaron.
El reclamo plantea la necesidad de conocer qué instrumento administrativo respaldó la incorporación, cómo se determinó el monto abonado y qué tareas debía cumplir la trabajadora.
Qué se sabe sobre su formación
Por otra parte, fuentes internas del Hospital Municipal señalaron que la mujer habría atendido pacientes y plantearon interrogantes sobre su formación. Una de esas fuentes sostuvo que había ingresado bajo la modalidad de monotributo y que habría realizado un curso por internet.
Este medio no pudo acceder a documentación que permita establecer qué título o acreditaciones posee. Tampoco pudo verificar la naturaleza del curso mencionado, su validez ni las funciones formalmente asignadas. Por lo tanto, no es posible afirmar que carezca de título o que haya realizado tareas sin la habilitación correspondiente.
Las referencias a pagos mediante subsidios y a una vinculación como monotributista también requieren aclaración documental para determinar cuál era su situación administrativa.
Las explicaciones pendientes
Según las fuentes consultadas, la trabajadora sería esposa de un médico del mismo establecimiento. Ese vínculo, por sí solo, no demuestra una irregularidad ni un trato preferencial. La evaluación del caso requiere conocer el procedimiento de incorporación y los criterios aplicados.
Entre los puntos por esclarecer se encuentran quién autorizó su ingreso, qué necesidad del servicio lo motivó, qué funciones tenía asignadas y cómo se verificó la documentación correspondiente.
El acto administrativo de incorporación, los registros de pagos y las constancias de formación que resulten pertinentes permitirían contrastar los testimonios y determinar si existió alguna irregularidad, con el debido resguardo de los datos personales.
El caso pone en discusión la transparencia de las incorporaciones y remuneraciones dentro del Hospital Municipal. Frente a los cuestionamientos gremiales y los testimonios recabados, la documentación oficial resulta central para esclarecer lo ocurrido y brindar información verificable a la comunidad.
