La sagrada familia judicial cordobesa atraviesa una feroz interna entre los distintos sectores y sus respectivas terminales en el peronismo provincial: schiarettistas y llaryoristas chocan entre sí mientras el delasotismo mira. Al mismo tiempo, tejen alianzas con el ala judicial conservadora que quiere quedarse con los resortes del poder en Tribunales.
La última escena del desaguisado es la pelea a cielo abierto entre el fiscal General Juan Manuel Delgado, exfuncionario de Juan Schiaretti e impulsado por él para el cargo, y uno de sus fiscales generales adjuntos, Alejandro Pérez Moreno, puesto por Martín Llaryora. Delgado dejará de ser fiscal General en marzo, mientras que Pérez Moreno tiene el cargo a perpetuidad.
En síntesis, Pérez Moreno, durante una disertación académica, cuestionó el uso de la figura de asociación ilícita en causas menores o de delitos comunes. Dijo que era un “absurdo” aplicar el agravante a bandas de motochorros. Dos fiscales de instrucción, Enrique Gavier y Pablo Klinger, quien acaba de elevar a juicio una causa contra motochorros con el agravante, exigieron formalmente una investigación contra Pérez Moreno.
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El fiscal General Delgado se metió en la polémica y se puso del lado de quienes “denunciaron” a su segundo: “La posición del Ministerio Público Fiscal es totalmente diferente (a la de Pérez Moreno); apoyamos expresamente a los fiscales Gavier, Klinger y a todos los que trabajan en causas complejas utilizando la figura de la asociación ilícita”.
En la cúpula del Ministerio Público Fiscal el schiarettismo tiene mayoría: además de Delgado, el fiscal General adjunto José Gómez Demmel es un histórico en la estructura que responde al exgobernador. Se inició en el scharettismo durante la intervención de Santiago del Estero, en los 90, de la mano de Ricardo Sosa, hombre fuerte en la mesa chica de Schiaretti.
En los pasillos de Tribunales sospechan que Gómez Demmel busca quedarse con alguna de las próximas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. Vale recordar que la silla de fiscal General es la única en el Poder Judicial con fecha de vencimiento: el cargo es por cinco años, sin renovación.
En el Tribunal Superior de Justicia el schiarettismo tiene a otro representante: Luis Angulo, reconocido abogado laboral e histórico ministro de Justicia de Juan Schiaretti. Otro schiarettista le daría a esa tribu una supremacía en el Alto Tribunal cordobés.
Se especula que podría haber dos vacantes en los próximos meses: Luis Rubio (designado por Ramón Mestre, pero peronista) y Aída Tarditti. Son casos distintos: Rubio tiene 83 años, mientras que a Tarditti le sobran pergaminos para ilusionarse con proyectar su carrera a nivel nacional, sobre todo después del fracaso de Lijo y García-Mansilla.
Tarditti es una clásica representante de la familia judicial (su padre era juez) y destacada jurista. Fue la vocal del Tribunal Superior de Justicia que marchó por las calles en la movilización universitaria contra Javier Milei.
También cuestionó las fallidas designaciones en la Corte Suprema. Y en tándem con Alejandra Vigo, reclamó paridad de género en la Corte. A lo largo de sus carreras, Tarditti y Pérez Moreno chocaron varias veces por los roles de ambos: jueza de la Sala Penal y abogado defensor. Quizá Tarditti no entienda por qué un defensor fue puesto por Llaryora en un rol de perseguidor.
Tarditti comparte la poderosa Sala Penal con Sebastián López Peña y Marta Cáceres de Bolatti, de militancia en el Partido Justicialista de la Ciudad de Córdoba y cercana al delasotismo antes de ingresar a Tribunales como fiscal General Adjunta. A fines de 2024, Llaryora impulsó un proyecto de ley para crear una Cámara de Casación Penal, con la aparente intención de limar el poder de la Sala Penal. El proyecto está latente en la Legislatura provincial.
Meses después de esa escaramuza por la Sala Penal, llegó al Tribunal Superior de Justicia, propuesta por Llaryora, Jéssica Valentini, exfuncionaria del actual gobernador en la Municipalidad de Córdoba. Aunque Valentini es radical, se convirtió al llaryorismo en 2019. Al igual que el gobernador, es oriunda de San Francisco y ambos comparten parientes lejanos. A diferencia de Pérez Moreno, quizá porque no tiene antecedentes en el mundillo judicial y jurídico, Valentini cultiva el perfil bajo.
Con este horizonte de sillas vacías, quienes conocen las asociaciones en Tribunales ubican al fiscal General Adjunto Gómez Demmel en el esquema que lidera Tarditti, probablemente con la expectativa de quedarse con una poltrona en el máximo tribunal cordobés.
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Es un movimiento de ajedrez que podría beneficiar a la la fiscal General Adjunta Bettina Croppi, también de “origen judicial” e impulsada por Vigo para la Fiscalía General. Si logra reemplazar a Delgado como fiscal General, Croppi sería la primera mujer que conduce la política criminal de Córdoba designada por el Poder Legislativo. En lo simbólico, se leería como una victoria de Tarditti y su sólida defensa de los lugares de relevancia para las mujeres en la Justicia.
Al delasotismo le queda poder de fuego con el cuarto fiscal General Adjunto, Héctor “Chirola” David, exministro de Justicia de De la Sota. Aunque hoy no está en la disputa de poder, tejió una red de fiscales de instrucción que le responden. Ese es su fuerte. Desde lejos mira cómo sus colegas se desgastan en el baile de la silla. Quién sabe; por ahí queda alguna libre.
