El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, votó a favor de la acusación formal contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro por cargos de coacción. El voto se produjo durante la sesión plenaria virtual de la Primera Sala del Tribunal Supremo y se espera que los demás magistrados emitan su postura hasta el 25 de este mes.
En esta etapa del proceso se está analizando si la acusación de la Fiscalía General de la República (PGR) presenta la evidencia mínima de autoría y relevancia que justifique la apertura de una causa penal contra Eduardo.
Si prevalece la postura de Moraes, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se convertirá en acusado y deberá responder ante el Tribunal Supremo por los delitos que se le imputan. En su voto, Moraes afirma que la PGR presentó varios indicios de que Eduardo actuó en Estados Unidos para presionar al Poder Judicial con el fin de que se suspendieran los procedimientos contra su padre por el intento de golpe de Estado.
Para que se configure el delito de coacción es necesario que la acción implique una amenaza grave. Según De Moraes, esto se materializó en “la orquestación y obtención de sanciones del gobierno de Estados Unidos, con la aplicación de aranceles a las exportaciones brasileñas, la suspensión de visas de entrada a Estados Unidos para diversas autoridades brasileñas y la aplicación de la Ley Magnitsky a este ministro”.
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“Existen pruebas significativas de que la conducta de Eduardo Nantes Bolsonaro buscaba crear un clima de inestabilidad institucional y social, mediante la aplicación de crecientes sanciones a las autoridades brasileñas y pérdidas económicas para Brasil, con el fin de coaccionar a los ministros del Supremo Tribunal Federal para que fallaran a favor del acusado Jair Messias Bolsonaro, en total desprecio del debido proceso”, añadió.
En ese marco, el Fiscal General Paulo Gonet consideró que las acciones de Eduardo y el periodista Paulo Figueredo constituyen el delito de coacción por “utilizar la violencia o amenazas graves, para favorecer los intereses propios o ajenos, contra una autoridad, parte o cualquier otra persona que actúe o deba intervenir en un proceso judicial”.
Folha detalló que el caso contra ambos se dividió. Moraes ordenó que Eduardo fuera citado mediante notificación pública, alegando que estaba obstaculizando el desarrollo del proceso; Figueiredo, quien reside en Estados Unidos desde hace más de diez años, será notificado personalmente a través de la cooperación jurídica internacional.
“El propósito era eximir a Jair Bolsonaro, y también al propio Paulo Figueiredo, de la condena penal por los delitos que dieron lugar a la apertura del proceso penal”, declaró el Fiscal General Paulo Gonet en la acusación por coacción. “Las amenazas se reiteraron varias veces, en distintas ocasiones”, añadió el Fiscal.
El fiscal afirma que Eduardo y Figueiredo intentaron aprovechar su relación con miembros del gobierno estadounidense y asesores del presidente Donald Trump, y que utilizaron esta red de contactos para condicionar las acciones de la Corte Suprema. Según la acusación, indujeron “la adopción de medidas de represalia por parte del gobierno estadounidense contra Brasil y las autoridades brasileñas, con el fin de obligar a la Corte Suprema a archivar las causas sin condena, especialmente contra Jair Bolsonaro”.
Gonet afirma que “los acusados amenazaron a las autoridades judiciales y a otras ramas del gobierno con la promesa de que podrían obtener sanciones de las autoridades estadounidenses diseñadas para obstaculizar y arruinar sus vidas civiles, incluso en Brasil, si los procesos penales no tenían el resultado que deseaban o si la amnistía -necesariamente y principalmente destinada a Jair Bolsonaro- no se discutía ni se aprobaba en el Congreso Nacional”.
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Uno de los efectos prácticos de las acciones de Eduardo y Figueiredo en Estados Unidos fue la aplicación, por parte del gobierno estadounidense, de sanciones financieras contra el ministro Alexandre de Moraes y su esposa. En una declaración conjunta emitida tras la acusación, ambos afirmaron que esta revelaba la “persecución política en curso”. También la calificaron de “farsa” y tildaron al equipo de Paulo Gonet en la Fiscalía General de la República de “lacayos de Moraes”.
“Las declaraciones sobre hechos políticos, aunque sean críticas, duras o contundentes, no constituyen violencia ni amenaza grave. En concreto, esta última presupone la promesa de un daño futuro que depende de la voluntad y el poder de quien amenaza. Si el agente no tiene el poder de llevar a cabo el daño anunciado, no existe una amenaza grave, sino simplemente una opinión o un pronóstico sobre acontecimientos futuros”, concluye.
