La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitación para cargos públicos. El momento, la velocidad del fallo y los vínculos entre jueces y dirigentes del macrismo siembran dudas sobre la imparcialidad judicial.
En una resolución que marca un antes y un después en la historia judicial y política argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como “Vialidad”. Lo hizo nueve días antes del cierre de listas para las elecciones legislativas y justo después de que CFK confirmara su intención de competir como candidata por la Tercera Sección Electoral bonaerense.
Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja de la defensa por “falta de fundamentación autónoma”, descartando de plano los argumentos centrales que hace años viene sosteniendo la expresidenta: desde la parcialidad de los jueces, hasta la manipulación de pruebas y la utilización política de la causa.
Más allá del tecnicismo judicial, lo cierto es que la decisión no puede leerse fuera del contexto político. ¿Casualidad que este fallo se conozca días antes del cierre de listas? ¿Qué otra interpretación cabe cuando la mismísima Cristina Fernández de Kirchner había denunciado, apenas días atrás, que el fallo se anunciaría de forma anticipada a través de medios afines al poder económico como Clarín? De hecho, la expresidenta señaló a ese grupo mediático como parte activa del “entramado judicial-mediático-empresarial” que buscó, desde el inicio, apartarla de la carrera electoral.
Desde el oficialismo, y en gran parte del campo popular, el veredicto es claro: la condena no es judicial, sino electoral. Se trata, según denuncian, de una maniobra de proscripción disfrazada de legalidad. De lawfare, como ya lo conocen los pueblos de América Latina. “Quiero ponerle el clavo al ataúd del kirchnerismo”, había dicho públicamente el presidente Javier Milei semanas atrás. Ayer, con este fallo, la Justicia pareció responder a ese deseo político.
La pregunta que atraviesa el debate no es sobre culpabilidad o inocencia —tema que seguirá abierto en la discusión pública— sino sobre el rol que juega hoy el Poder Judicial en la democracia argentina. ¿Cómo es posible que una causa de esta magnitud se resuelva en solo 50 días, cuando los tiempos judiciales en este tipo de apelaciones suelen extenderse por más de un año? ¿Por qué los mismos jueces que compartieron cenas y partidos de fútbol con Mauricio Macri, uno de los principales beneficiarios políticos de esta resolución, son quienes ahora dictan sentencia?
El macrismo, como era de esperarse, celebró el fallo. Pero el festejo no puede ocultar lo evidente: la Argentina está atravesando un período donde las instituciones, en vez de fortalecer la democracia, la socavan. Porque no hay democracia posible sin garantías judiciales, sin independencia de poderes, sin igualdad ante la ley.
La Corte no solo desestimó los argumentos técnicos de la defensa, sino que además ignoró las implicancias institucionales de inhabilitar a una figura central del escenario político argentino. Como si no estuviera en juego la voluntad de millones que ven en CFK una representante legítima. Como si el hecho de que no pueda presentarse fuera simplemente un dato técnico y no un golpe simbólico y concreto a la pluralidad democrática.
El fallo representa, más que una sentencia jurídica, una señal política. Y esa señal es peligrosa. Porque cuando el voto deja de ser el canal legítimo para decidir quién puede competir y quién no, la democracia pierde sentido. Hoy fue Cristina. ¿Mañana quién?
Es hora de exigir una justicia verdaderamente independiente, que no se alinee con los intereses de una coalición económica o política, que no tome decisiones con el cronograma electoral en la mano, que no cierre capítulos fundamentales de la vida democrática con un apuro sospechoso.
La democracia no se defiende con sentencias exprés. Se defiende con instituciones que respeten su esencia. Y en este caso, la esencia está en entredicho.
