Máximo Kirchner presentó este martes un proyecto que declara nulo el préstamo del Tesoro norteamericano si no pasa por la aprobación del Congreso. La iniciativa, que lleva las firmas otros 14 colegas de su bloque, reafirma las atribuciones del Poder Legislativo establecidas en el artículo 75 de la Constitución a la hora de “contraer empréstitos”, “arreglar el pago de la deuda externa” y “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales”.
Por eso, el artículo 2 del proyecto exige que el Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central sometan a la consideración de ambas cámaras “cualquier acuerdo alcanzado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o con la administración de los Estados Unidos de América, adjuntando el conjunto de toda la documentación y cláusulas del acuerdo, con particular atención a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento”.
La intención del peronismo, queda claro, es no reconocer la deuda que Javier Milei contraiga con la administración de Donald Trump en la visita de esta semana.
Según el artículo 3 de ese proyecto, sin el trámite parlamentario planteado cualquier acuerdo será “nulo de nulidad absoluta e insanable y no obligará al Estado nacional de manera alguna”.
Por otro lado, la diputada Marcela Pagano firmó un proyecto similar pero más extenso con sus pares Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot, integrantes del bloque de Miguel Pichetto.
En ese expediente, se propone la modificación del artículo 2° de la Ley Guzmán, conocida como ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y sancionada en 2021. Allí se agregan como actores que intervengan en operación de crédito público con la Argentina a los “Estados extranjeros, sus agencias, entidades públicas o privadas bajo jurisdicción extranjera, incluidos -de manera enunciativa y no limitativa-“, para incorporar como objeto de regulación el acuerdo que pueda gestionar Trump con Milei.
También se fija la nulidad del préstamos si no media “aprobación legislativa” y además se prohíbe la apelación a decretos de necesidad y urgencia para contraer préstamos, tal como hizo el gobierno libertario en marzo de este año para eludir el debate parlamentario.
Agost Carreño, Massot y Pagano postulan también una serie de obligaciones para el ministro de Economía, el secretario de Finanzas y el titular del Banco Central, en aras de mayor transparencia. Incluso, reclaman para el Congreso “facultades de citación compulsiva” con el propósito de que, si los funcionarios mencionados no concurrieran ante una convocatoria del Poder Legislativo, los diputados puedan requerir el auxilio de la fuerza pública.
El legislador Itai Hagman, por último, presentó un pedido de citación a Luis “Toto” Caputo para que brinde explicaciones sobre “las posibles negociaciones que el gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje del gobierno de Estados Unidos”.
