BUENOS AIRES – El presidente Javier Milei avanzará con un decreto para eliminar el día no laborable que tradicionalmente se otorgaba en conmemoración del Día del Empleado Público. La decisión, enmarcada en su política de “reducción del gasto estatal”, generó fuertes reacciones en distintos sectores, especialmente entre trabajadores municipales y gremios estatales.
Aunque desde el Gobierno se justifica la medida como un paso hacia la “eliminación de privilegios de la casta”, lo cierto es que el impacto será directo sobre miles de trabajadores públicos que están lejos de cualquier beneficio excesivo. El feriado, que solía respetarse de manera desigual en las provincias, ahora será eliminado a nivel nacional por decreto presidencial.
La medida no solo afecta a empleados de oficinas administrativas, sino también a sectores muchas veces invisibilizados: recolectores de residuos, barrenderos, personal de limpieza, trabajadores de salud y empleados municipales precarizados, muchos de los cuales cobran salarios por debajo de la línea de pobreza.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la decisión. “No es una batalla contra los privilegios, es un nuevo ataque contra los derechos de quienes sostienen al Estado con su esfuerzo diario”, señalaron desde la conducción gremial. También remarcaron que en numerosas provincias el Día del Empleado Público es uno de los pocos beneficios que tienen trabajadores con condiciones laborales precarias y contratos inestables.
La eliminación del feriado se da en el marco de una serie de reformas que el Ejecutivo viene impulsando desde el inicio de su gestión. Según voceros oficiales, el decreto será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días y comenzará a regir de inmediato.
El anuncio fue difundido por redes sociales y replicado por cuentas afines al oficialismo, donde se celebró la medida bajo consignas como “¡Ñoquis, a laburar!”. Sin embargo, la generalización vuelve a dejar en evidencia una narrativa que no distingue entre el empleo público de privilegio y el trabajo estatal esencial y mal remunerado.
