El Senado sancionó este jueves la ley de incremento al presupuesto universitario, por una mayoría mucho más holgada que los dos tercios. La oposición consiguió 58 votos afirmativos, mientras que el oficialismo reunió en el rechazo a sus seis legisladores, el formoseño Francisco Paoltroni, la santafecina Carolina Losada, el misionero Martín Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero.
El salteño Juan Carlos Romero y sus pares María Victoria Huala y Andrea Cristina se abstuvieron, mientras que Alfredo De Angeli se ausentó.
La mendocina Anabel Fernández Sagasti recordó que “el problema es que la Argentina hace dos años que no tiene presupuesto nacional” pero también resaltó que “no hay ministerio nacional de Educación”, reconvertido en secretaría y subsumido bajo la órbita de Capital Humano desde que asumió Javier Milei. “Sin presupuesto nacional, aumenta indefinidamente la discrecionalidad el Poder Ejecutivo”, apuntó.
El debate transcurrió sin sobresaltos, bajo la serenidad de los opositores que tenían asegurados los dos tercios y la resignación del oficialismo. Por eso, Eduardo “Wado” de Pedro aseguró que por más que Milei “vuelva a vetar” la ley, el Senado “va a volver a insistir”, y agregó: “no entiendo cuál es la épica del presidente de la Nación de atacar, ajustar y desprestigiar a las universidades argentinas. No sé cuál es la épica de ajustar y dejar sin financiamiento a los pibes que necesitan una beca”.
En otra dura sesión para el gobierno, el Senado volteó cinco decretos de Sturzenegger
A su turno, el radical Maximiliano Abad consideró que “es un error monumental creer que la Argentina crecerá sola gracias al campo, Vaca Muerta o la minería” porque “el desarrollo integral de una nación descansa en el nivel de calificación de su sociedad”. Durante su discurso, consignó que la inversión en universidades cayó un 22% en 2024 y que se proyecta una baja adicional del 8,8% para 2025 pero, además, alertó sobre la paralización de las obras de infraestructura.
El senador Martín Lousteau apuntó, por su parte, que “hay más de 2 millones de estudiantes de grado” y repasó el ataque sistemático del gobierno a las universidades, cuando planteó que “había estudiantes fantasmas” y reclamaba “auditorías”. “Los salarios docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y hoy están por debajo del 2002 en términos de poder adquisitivo”, remarcó.
El proyecto ya acreditaba media sanción de la Cámara de Diputados y, con esta aprobación, quedó convertido en ley. Por eso, el gobierno se apuró a anunciar que el Presidente vetaría la iniciativa, al igual que el año pasado.
La nueva norma establece una recomposición de los recursos para el funcionamiento de las casas de estudios basada en el IPC, lo mismo para los salarios de docentes y nodocentes, el sostenimiento de la investigación y las becas.
Entre las novedades de este nuevo intento por defender las universidades, el Congreso introdujo la obligación del Ejecutivo a convocar a la paritaria nacional docente, algo que en la Cámara Bajo había criticado el diputado Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación durante el mandato de Mauricio Macri, pero el kirchnerista Pablo Carro lo cruzó alegando que los profesores apelan a ese atajo porque la administración libertaria no convoca.
Pasadas las 21, la Cámara Alta habilitó el tratamiento para la emergencia pediátrica, cuyo articulado comprende más recursos para el hospital Garrahan.
