El 27 de julio de 2011, Ayacucho vivió una jornada que quedó marcada en su historia. A media tarde, la denuncia de una joven madre por la supuesta muerte de su hija a manos de delincuentes encapuchados conmocionó a la ciudad entera. El relato fue desgarrador y movilizador. Sin tiempo para digerir los hechos, la comunidad reaccionó con una fuerza desbordada, impulsada por la indignación, la tristeza y la necesidad urgente de respuestas. La marcha que esa misma noche llenó las calles con casi cinco mil personas no tardó en convertirse en un espejo de la desinformación y del miedo colectivo.
Ese miércoles, Ayacucho fue el centro de la atención nacional. La ciudad se convirtió en escenario de disturbios, ataques a instituciones, sospechas cruzadas y versiones que iban mutando minuto a minuto. Lo que parecía ser un hecho policial comenzó a teñirse de conflicto político y social. El intendente en funciones fue blanco de críticas y hasta de violencia simbólica y física, mientras que referentes sociales y religiosos se subieron a la ola de reclamo popular sin detenerse a pensar en las consecuencias de alimentar el incendio con leña aún húmeda de datos erróneos.
Poco a poco, los peritajes, los testimonios y las pruebas comenzaron a derrumbar la historia inicial. La autopsia reveló que Antonia Olano no murió por asfixia provocada por terceros, sino por una broncoaspiración. No hubo huellas de asalto, ni puertas forzadas, ni objetos robados. Finalmente, diez días después, la propia madre de la bebé admitió que la versión del robo había sido falsa. El dolor, ya insoportable, se volvió inabarcable.
El análisis de aquel episodio deja más preguntas que certezas, pero una reflexión es inevitable: ¿qué hicimos como sociedad ante una situación de semejante complejidad emocional y humana?
Ayacucho reaccionó con el corazón, pero sin cabeza. Algunos medios locales y nacionales buscaron el impacto antes que la precisión. Referentes políticos vieron una oportunidad y no una tragedia. Un sector del clero, lejos de ser un faro, fue una chispa más. Vecinos bienintencionados cayeron en la trampa del pánico colectivo. Se dijeron cosas como “en Ayacucho ya no se puede dejar la puerta abierta”, sin ningún tipo de verificación. Un productor rural incluso juró haber estado a punto de ser asaltado por encapuchados ese mismo día, reforzando el relato que luego se comprobó como falso.
Una parte importante de lo que ocurrió no fue causada solo por una mentira, sino por lo que esa mentira provocó. Y por lo poco que nos tomamos el tiempo para corroborar, entender, preguntar. La impaciencia, la necesidad de explicaciones inmediatas, la búsqueda de culpables y la indignación automática son, muchas veces, más peligrosas que los hechos en sí.
Cuando la verdad salió a la luz, el silencio fue estruendoso. Quienes marcharon, acusaron, señalaron, empujaron la indignación y hasta justificaron la violencia institucional, desaparecieron del debate. El cura que encabezó la primera marcha se limitó a declarar “desconozco”. Pocos se hicieron cargo del rol que jugaron. Casi nadie pidió disculpas.
Consultado por nuestro medio, el entonces Intendente Municipal, Dario David quien incluso fue increpado en su propia vivienda por miles de vecinos. Mencionó “Es muy doloroso hablar de este caso, prefiero esquivarlo” y siguió “No me hace bien y se que a nuestro pueblo no le hace bien, días y meses terribles vivimos, y por este mismo motivo trato de no hablar” sentenció.
No traemos este caso a la memoria con la intención de abrir heridas o de señalar culpables que no existen. Lo hacemos porque creemos que recordar es necesario. Porque hay que hablar de lo que se aprendió, o no se aprendió, de aquel episodio. Porque 14 años después, Ayacucho todavía necesita preguntarse cómo enfrentar, en el futuro, una tragedia con más respeto por el dolor y menos ansiedad por juzgar.
El tiempo pasa. Y, como se dice, el tiempo sana. Pero también enseña. Y no olvida.
