La crisis del transporte escolar rural en Ayacucho volvió a poner en evidencia una problemática que se repite desde hace años y que, una vez más, deja a decenas de estudiantes sin la posibilidad de asistir con normalidad a clases. A mitad del ciclo lectivo, la situación continúa sin una solución definitiva y el reclamo comenzó a hacerse cada vez más visible desde las propias comunidades educativas rurales.
Actualmente, de la totalidad de los recorridos aprobados por la Provincia de Buenos Aires, apenas 16 fueron licitados y cuentan con cobertura. En contrapartida, 30 trayectos quedaron desiertos, sin transportistas asignados, afectando directamente a una importante cantidad de alumnos de distintos establecimientos educativos rurales del distrito.
La situación impacta especialmente en instituciones como la Escuela Secundaria Nº 2, la Escuela Secundaria Nº 7, la Escuela Agraria y la Escuela de Educación Especial Nº 501, entre otras, donde el transporte resulta indispensable para garantizar el acceso diario de los estudiantes a las aulas.
El problema no es nuevo. Año tras año, transportistas y familias vienen advirtiendo sobre las dificultades económicas que implica sostener los recorridos rurales bajo las condiciones actuales. Uno de los principales reclamos históricos del sector tiene que ver con los llamados “kilómetros vacíos”, es decir, aquellos que los transportistas deben recorrer hasta llegar al primer alumno de cada trayecto y que históricamente no eran contemplados dentro del esquema de pagos.
Desde el Consejo Escolar de Ayacucho señalaron que desde hace tiempo vienen realizando gestiones ante la Provincia para intentar destrabar el conflicto y actualizar las condiciones económicas del servicio. “Hace rato que veníamos gestionando. Los precios de los recorridos están dos años atrasados”, explicaron desde el organismo.
En ese marco, indicaron que la Provincia aceptó avanzar con el pago del 50% de los kilómetros vacíos, una medida que ya comenzó a aplicarse y que representa un reconocimiento a uno de los reclamos históricos de los transportistas rurales. Sin embargo, remarcaron que aun así “los transportistas quedan empatados con los costos”, dejando en evidencia que la problemática de fondo todavía persiste.
Además, desde el Consejo Escolar destacaron una particularidad local: “Hay que destacar que en Ayacucho es el único distrito donde sucede esto, que se pagará el 50% de los kilómetros vacíos. Esto será a partir de Mayo de la nueva licitación”, afirmaron.
La posibilidad de sostener y ampliar este esquema genera expectativas dentro del sector, ya que podría representar un incentivo para que más transportistas vuelvan a presentarse a las licitaciones y se logre garantizar el servicio en zonas donde hoy directamente no existe cobertura.
Mientras continúan las conversaciones con autoridades provinciales y las gestiones para encontrar una solución más estable, las consecuencias siguen siendo concretas para muchas familias rurales que deben reorganizar su vida cotidiana para garantizar la escolaridad de sus hijos. En algunos casos, los estudiantes dependen de familiares o vecinos para llegar a clases; en otros, directamente ven afectada su continuidad educativa por las dificultades de traslado.
La problemática del transporte escolar rural no solo expone una cuestión logística o económica. También vuelve a abrir el debate sobre la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación en el interior bonaerense, donde las distancias y los costos terminan condicionando derechos básicos.
