El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba Ernesto Ramón “Cañito” Flores presentó su renuncia a la banca en la Legislatura provincial, después de dos semanas de creciente presión política por la situación de su exasesor José Aníbal Ricardo Villarreal, detenido e imputado en una causa por grooming y abuso sexual contra menores en el norte de Córdoba.
La salida se produjo apenas cuatro días después de que la Unicameral aprobara una licencia de 180 días sin goce de sueldo para Flores. Aquella solución había sido cuestionada por la oposición, que reclamaba directamente su expulsión del cuerpo.
El dato político que terminó de modificar el escenario fue el pronunciamiento de Alejandra Vigo. La senadora nacional y esposa del exgobernador Juan Schiaretti dijo que Flores debía renunciar porque Villarreal había formado parte de su equipo:
“Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff”, dijo días atrás. La declaración de Vigo tuvo un impacto particular porque el oficialismo había conseguido contener, al menos transitoriamente, el conflicto con la licencia.
Su intervención volvió a instalar el caso dentro de la interna del peronismo cordobés y dejó al llaryorismo ante una decisión incómoda: sostener a Flores o asumir el costo de una crisis que ya excedía al legislador del departamento Río Seco. Sin oxígeno político, Flores dimitió el domingo a la noche.
En su carta de renuncia, el legislador evita asumir cualquier responsabilidad por la situación de Villarreal y tampoco reconoce las acusaciones que se instalaron públicamente en su contra.
En la carta, afirma que fue víctima de una “campaña de difamación y de descalificación personal” y sostiene que las personas que formulan acusaciones deben demostrar sus dichos ante la Justicia.
“Quien formule una acusación deberá asumir la responsabilidad de sostenerla y demostrarla con pruebas, por las vías que correspondan y ante la Justicia”, señala. El legislador deja además una aclaración explícita sobre el sentido de su salida: “Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra”.
Flores reivindica su actuación, asegura que tiene la “conciencia absolutamente tranquila” y afirma que no tiene “nada que ocultar”. Las derivaciones de los abusos a menores en el norte de Córdoba se convirtieron en un problema político para el peronismo cordobés.
Días atrás, Martín Llaryora calificó el episodio como “un hecho tremendo” y pidió que la Justicia investigara “a fondo”. Pero el problema para el Gobierno provincial no estaba solamente en determinar la eventual responsabilidad penal de Villarreal.
La discusión política pasó rápidamente por los mecanismos de selección y control de los asesores de la Legislatura y, sobre todo, por la responsabilidad política de quienes los incorporan. El episodio llegó además en un momento especialmente delicado para el llaryorismo.
El gobernador intenta presentar su proyecto como una renovación generacional del peronismo cordobés, mientras prepara una elección de 2027 en la que necesita conservar el poder provincial y, al mismo tiempo, ampliar su base electoral más allá del PJ tradicional.
El caso Flores vuelve a poner sobre la mesa precisamente aquello de lo que Llaryora pretende despegarse: las estructuras territoriales construidas durante décadas de poder peronista en Córdoba.
Flores es un dirigente con fuerte inserción en el norte provincial y su banca está ligada a esa construcción territorial en el norte cordobés. El escándalo obliga al oficialismo a responder por un esquema de relaciones políticas que excede al propio legislador y que, para sus adversarios, forma parte de una manera de ejercer el poder que Llaryora había prometido dejar atrás.
La incomodidad se potencia porque el caso Flores no aparece aislado. En las últimas semanas, distintos episodios judiciales y políticos que involucran a dirigentes del peronismo cordobés volvieron a alimentar la discusión sobre cuánto de la vieja estructura del PJ forma parte de la herencia que Llaryora reivindica y cuánto de ella pretende abandonar.
La secuencia de la salida de Flores duró casi tres semanas. Primero apareció la detención de Villarreal y la confirmación de que figuraba como asesor legislativo de Flores. Después llegaron las críticas opositoras y el reclamo de que el legislador dejara su banca. El oficialismo optó por una salida intermedia: una licencia de 180 días. Pero la licencia aprobada el miercoles no consiguió cerrar el conflicto.
La oposición mantuvo el reclamo de expulsión y, finalmente, la declaración de Vigo llevó la discusión al interior del propio peronismo. Ahora, el legislador se va. S egún sus propias palabras, “con la frente en alto” y convencido de que “la verdad no necesita campañas”.
