El fiscal Gabriel Pérez Barberá pidió penas de hasta ocho años y medio de prisión para los acusados de integrar una organización dedicada al contrabando.
El fiscal Gabriel Pérez Barberá solicitó ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N° 3 penas de hasta ocho años y medio de prisión para los acusados de integrar una organización dedicada al contrabando de indumentaria y textiles mediante maniobras de falsificación documental y subfacturación aduanera.
El representante del Ministerio Público fundamentó el pedido en la magnitud del perjuicio ocasionado al Estado, estimado en unos cuatro millones de dólares, y en el impacto sobre los importadores que operan dentro del marco legal.
La causa se desprende del expediente conocido como “la mafia de los contenedores”, una investigación que permitió detectar un esquema sistemático de ingreso irregular de mercadería al país.
El caso que originó la pesquisa ocurrió el 15 de enero de 2015, cuando la Justicia ordenó abrir un contenedor que había sido declarado como cargamento de “carbonato de calcio”, con un arancel aproximado de tres mil dólares. Sin embargo, en su interior fueron halladas más de 80 mil prendas de vestir valuadas en alrededor de 600 mil dólares.
A partir de ese hallazgo, la investigación impulsada por el juez Pablo Yadarola y el fiscal Pablo Turano concluyó que no se trataba de un episodio aislado. Según el expediente, la organización habría logrado ingresar previamente otros 31 contenedores cargados con rollos de tela utilizando el mismo mecanismo de subfacturación y adulteración documental.
De acuerdo con el alegato fiscal, la empresa TT Cargo cumplía un rol central dentro de la estructura, actuando como agente de transporte aduanero y coordinando las maniobras investigadas.
El proceso judicial involucra a 11 imputados, entre ellos integrantes de la firma de transporte, despachantes de Aduana y funcionarios aduaneros de distintos niveles jerárquicos.
Durante su exposición ante los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, el fiscal Pérez Barberá sostuvo que la prueba reunida en el expediente es “abrumadora” y afirmó que los acusados “se burlaron del sistema estatal” para concretar las operaciones ilegales.
El fiscal también remarcó que las maniobras afectaron la sostenibilidad del sistema aduanero y generaron una fuerte competencia desleal para las empresas que importan mercadería de manera regular.
Pese a la magnitud de la operatoria, fuentes judiciales señalaron que las empresas textiles que recibieron la mercadería no fueron imputadas en esta etapa del proceso. Según consta en la causa, una sola compañía habría recibido 19 de los 31 contenedores investigados en apenas cinco meses durante 2015.
En el cierre de su alegato, Pérez Barberá sostuvo que una eventual condena podría sentar un precedente importante para otros expedientes de gran escala vinculados al contrabando y delitos aduaneros que todavía esperan llegar a juicio oral.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicitó sanciones para las firmas TT Cargo y Cuiper SA bajo la figura de responsabilidad penal de personas jurídicas.
