El portero del edificio de Cristina aseguró que el juez Bonadío y el fiscal Stornelli lo amenazaron para que declare en la causa Cuadernos. El encargado del departamento de Recoleta dijo que le repitieron varias veces: “No te olvides nunca que vos tenés dos hijas”.
Julio Silva sumó su testimonio a los de varios empresarios que denunciaron aprietes de Bonadío y Stornelli. En su caso no fue para que declarara como arrepentido, sino para que firmara algo con lo que no estaba “de acuerdo”, algo que según el encargado “no ocurrió”.
En su declaración testimonial durante la instrucción de la causa, Silva había dicho que vio en varias oportunidades a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, ingresar al departamento de los Kirchner en Recoleta con bolsos y valijas.
Pero ante el tribunal oral se desdijo: “Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas”.
Cuestionan a los jueces de Cuadernos por aceptar que Centeno no declare
El testimonio del portero causó sorpresa. “Sí, declaré. Me hicieron llegar una correspondencia. Lo único que no entendí en ese momento, me llamaron a una testimonial y estuve en un interrogatorio. Me dijeron que yo tenía dos hijas y que yo tenía que responder todo lo que me preguntaban. Me puse mal, me sentí incómodo y lo quería decir”, relató. Cuando le preguntaron quién lo había presionado, nombró al juez Bonadío y al fiscal Stornelli.
Las amenazas a testigos para que declaren como arrepentidos habían sido denunciadas antes de que la causa fuera elevada a juicio oral, que acumula fuertes inconsistencias como la negativa del supuesto redactor de los “Cuadernos”, el chofer Oscar Centeno, a contestar preguntas, lo que según los abogados afecta el derecho de defensa de los acusados.
Bonadío y Stornelli arrastraban desde el inicio de la investigación acusaciones de presiones ilegales sobre los detenidos. Pero este año, cuando comenzó el juicio oral las versiones se convirtieron en un hecho judicila: 27 imputados dijeron que fueron amenazados para declarar como arrepentidos.
“Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían”, dijo Mario Rovella, dueño de Rovella-Carranza.
Oscar Sansiseña, dueño de Cleanosol Argentina, y Daniel Pitón, de José Eleuterio Pitón, hicieron planteos similares.
La causa fue impulsada por el gobierno de Macri, que cuenta en el haber de su mandato con una larga y lamentable lista de acusaciones de armados de causas y espionajes ilegales para perseguir opositores o disciplinar empresarios.
