La Legislatura de Santa Fe produjo cambios en la forma en que se juzgan en la provincia incidentes laborales con el objetivo declarado, según los impulsores de la ley, de desmontar la “industria del juicio” que afecta a las empresas en pleitos por accidentes y enfermedades en el marco de ámbitos de trabajo. La enmienda establece plazos más cortos de resolución, prioriza las etapas administrativas para no llegar a juicio y crea un nuevo sistema de pericias médicas.
Los cambios se dan en un marco de alta conflictividad. La litigiosidad laboral en Santa Fe más que duplica el promedio nacional. En el primer semestre de 2025 la provincia registró 142 juicios cada 10 mil trabajadores cubiertos por ART cuando en Córdoba, una provincia semejante en geografía económica y humana, los pleitos son 68 cada 10 mil trabajadores.
La controversia sobre el efecto que tendrá la nueva norma no cedió tras aprobarse, pese a contar con el apoyo mayoritario de la Legislatura. Para sectores de magistrados, asesores del campo gremial y la oposición, la reforma termina siendo un traje a medida de las aseguradoras, dejando tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas bajo un laberinto de incertidumbre y costos que se pretendían solucionar, como sintetizó el ex ministro de Trabajo provincial Juan Manuel Pusineri, que actuó en el gobierno de Omar Perotti.
Un punto central del cambio es la creación de un cuerpo de peritos oficiales dependiente del Poder Judicial de Santa Fe, integrado por especialistas, que será encargado exclusivo de efectuar las pericias en procesos vinculados a riesgos del trabajo. Sus profesionales serán empleados judiciales designados por concurso de oposición y antecedentes.
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En la actualidad los peritos particulares para intervenir en incidentes cobran honorarios en base a la magnitud del hecho en que intervienen, lo que para el gobierno de Maximiliano Pullaro es un incentivo a agravar el daño del incidente, ya que a mayor compensación para el damnificado, mayor honorario para el perito. Los impulsores de la ley dicen que la remuneración del perito no quedará ligada ahora a la cuantía del juicio ni al porcentaje de discapacidad que se dictamine.
“Es una ley que viene a resolver y a ordenar el sistema de reclamos por accidentes y enfermedades laborales. Partimos de la base de que la Justicia laboral de la provincia de Santa Fe tiene un problema muy grande y es que somos una de las provincias con más juicios laborales del país por trabajador asegurado”, dice el diputado provincial oficialista Martín Rosúa.
La reforma salió por unanimidad del Senado y solo tuvo el rechazo de tres sobre cincuenta en Diputados. fue celebrada por entidades de Rosario como la Federación Gremial, Grupo Trascender, Foro Regional Rosario, Sociedad Rural Rosario y Fundación Apertura, por responder a la demanda de “reducir el fraude procesal y la especulación litigiosa, sin resignar en ningún caso la tutela genuina de los derechos de los trabajadores”.
“Tenemos la misma cantidad de siniestros que tiene Córdoba pero el doble de juicios laborales. Tenemos un sistema que no resuelve nada en sede administrativa y que judicializa casi todo y un sistema que hace eso es un sistema que no está funcionando bien”, planteó al sancionarse la ley la semana pasada.
Pusineri le responde que es cierto. Según la Secretaría de Riesgos del Trabajo, en todo 2025 hubo 13.864 juicios en Santa Fe contra los 6.085 de Córdoba. Pero el ex ministro le marca que a pesar de esa diferencia abismal, las empresas santafesinas pagan un 4%, apenas un 0,4% más que las cordobesas, con 3,6%. Su conclusión: “La litigiosidad no es el factor determinante del costo del sistema. La menor cantidad de demandas en Córdoba se explica por una justicia laboral más robusta y con oralidad que desalienta la judicialización por la rapidez para resolver los conflictos. Hay más del doble de juicios pero costos casi iguales. La litigiosidad no explica la alícuota”.
Rosúa dice que la reforma del procedimiento laboral evitará en Santa Fe que un mismo caso genere varios juicios unificando pleitos de un mismo accionante en un solo juzgado, fortalece las instancias previas para no llegar a tribunales, define plazos más cortos y evita pericias que fijen montos excesivos al descalzarlas de la remuneración del perito.
“Se habla de la industria del juicio, no de la industria del incumplimiento”, dice a LPO Lucía Aseff, ex camarista laboral de la Justicia de Rosario y docente de Derecho Laboral en la UNR. La ex magistrada entiende que la calificación es despectiva para trabajadores que judicializan sus necesidades. “Si la gente estuviera en blanco, si las comisiones médicas no estuvieran dominadas por las ART, si hubiera un sistema más protector de la salud de los trabajadores no habría tanta litigiosidad”, analiza.
“Hay que ver cuántos peritos van a nombrar, cuándo y sobre todo cómo van a ser seleccionados”, dice Aseff. “La idea no dicha es que esos peritos van a ser restrictivos en el sentido de no fijar incapacidades altas. En Santa Fe hay litigiosidad más alta que en Córdoba porque aquí dan incapacidades cero en sede administrativa lo que hace que al trabajador no le quede más opción que acudir a los jueces. En Córdoba las comisiones médicas fijan incapacidades más reales, con lo que quien se accidenta o se enferma tiene menos motivación para litigar”.
Esto coincide con la mirada de Juan Manuel Pusineri, el ex ministro de Trabajo, para quien el cambio de código no bajará la conflictividad porque no se modifica la prevención ni de enfermedades ni de accidentes laborales.
“La nueva ley no ataca las verdaderas causas de los juicios, solo pone restricciones a los que están ya en trámite. No mejora el funcionamiento de las instancias administrativas previas al juicio ni garantiza más respuestas adecuadas”, dice Pusineri.
En 2020 la Legislatura de Santa Fe aprobó la adhesión a la ley nacional de las ART. La norma creó las comisiones médicas, que son la instancia administrativa obligatoria, antes de recurrir a la Justicia Laboral, para desmotivar juicios. Pero desde entonces ni bajó la conflictividad ni el número de accidentes. En Santa Fe hay un promedio de 40 mil por año en la provincia. Entre 2021, ya con las comisiones médicas, y el año pasado
Hubo 370 muertes por año de entonces al presente debido a ellos. Más que prevención de causas, dicen los críticos, solo aparece la pretensión de reducir costos empresariales ante las consecuencias.
“No hay estadísticas que demuestren que la litigiosidad se deba exclusivamente a la ética de abogados y peritos. Lo que las comisiones médicas rechazan por parámetros formales, la Justicia lo acepta por evidencias médicas reales. Y sobre el impacto en pymes hay que ver que el sistema actual desvía la atención del problema estructural y exime de responsabilidad a las ART”, observa Pusineri, para quien el verdadero motor de los juicios son los rechazos sistemáticos en alta proporción de las enfermedades profesionales.
En Argentina, dice el ex ministro, la cobertura de estas patologías por parte del sistema es menor al 10%, mientras que la OIT estima que representan entre el 35% y el 40% de las contingencias.
“¿Por qué sucede esto? Las ART y las Comisiones Médicas se limitan a un listado rígido de enfermedades. Si la dolencia no está en el “manual”, se rechaza por una cuestión formal, sin analizar la relación real entre la tarea y el daño. Cuando el caso llega a la Justicia, los jueces -siguiendo criterios de la Corte Suprema y la OIT- suelen reconocer la lesión, lo que explica por qué tantos casos “administrativamente rechazados” terminan en sentencias favorables al trabajador”, dice Pusineri.
Este mecanismo genera un perjuicio directo para las empresas porque al rechazar el siniestro, indica el ex ministro, la ART se desentiende, el siniestro pasa a ser una enfermedad sin responsables pero la empresa debe hacerse cargo del salario del legislador durante la licencia.
“La reforma actúa sobre los síntomas (los juicios ya iniciados) pero ignora la enfermedad: un sistema que empuja al trabajador al juzgado al negarle cobertura básica”, detalla.
El diputado radical Rosúa indica que Santa Fe paga 100 millones de dólares más que provincias semejantes por pleitos laborales. Y que provincias como Salta o Río Negro con una modificación similar lograron bajar cinco o seis veces la cantidad de juicios en relación a los tribunales santafesinos.
Los reproches en el campo del trabajo son variados. Para Luciana Censi, abogada asesora de sindicatos como Aceiteros y Docentes Universitarios, esta norma es la culminación de un plan de demandas histórico de la Unión de las ART. “Entronca en la saga de reformas nacionales al sistema de riesgos del trabajo, las cuales funcionan para trasladar costos de las ART al Estado provincial , para esquiva la raíz del problema: el sistemático incumplimiento de las ART en sus obligaciones legales de prevención”.
Para Censi, “con la baja de costos mediante altas médicas sin reconocimiento de incapacidades reales, las aseguradoras fomentan la suba de la litigiosidad, que no es más que el reflejo de una mayor siniestralidad, provocada por la casi absoluta ausencia de control y medidas preventivas eficaces en los ámbitos laborales”.
“Esto no puede verse sin el ajuste: primero, las ART redujeron costos prestatarios y desconocieron incapacidades evidentes. Después avanzaron sobre los honorarios de los profesionales en las comisiones médicas y objetaron la honestidad de los abogados laboralistas. Ahora, el foco se desplazó hacia los peritos oficiales, a quienes se acusa infundadamente de inflar porcentajes de incapacidad para percibir más honorarios. Algo que ignora que las pericias se sustentan en pruebas clínicas y en la experticia técnica de auxiliares de la Justicia. Eso es molesto para el lucro de las aseguradoras, que ahora buscan librarse de las costas de las pericias oficiales”.
En una reciente reunión con legisladores, integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe señalaron que el cambio al procedimiento laboral será inaplicable tal como fue aprobado. Según el portal Rosario3, uno de los ministros, Roberto Falistocco, sostuvo que no se necesitan más peritos sino más jueces: en promedio hay 2500 causas por cada juzgado. Otros ministros piensan que la forma de aliviar no es cargar más juzgados con expedientes sino que estos no lleguen al tribunal por una mejor resolución en la instancia administrativa. Acá está la mayor incógnita sobre el problema de la nueva norma. Si las comisiones médicas siguen con escasa flexibilidad para aceptar incapacidades por accidentes o enfermedades el sistema no se descomprimirá y los trabajadores seguirán buscando a un juez.
