El pasado jueves, el intendente municipal compareció ante el Concejo Deliberante con el objetivo de brindar explicaciones sobre lo ocurrido en el Hogar del Anciano. La escena, que en teoría debía aportar claridad, terminó dejando más interrogantes que certezas. El viernes, Diario Ayacucho ya había dado cuenta de lo sucedido en esa sesión. Hoy, en cambio, conviene detenerse en un punto específico, aparentemente menor, pero que revela una distancia preocupante entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
Durante su intervención, el intendente hizo referencia a la denominada Ley Micaela (N.º 27.499), sancionada en 2018, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todos los agentes del Estado. La mención no fue casual: según sus palabras, entre las medidas adoptadas se encuentra la capacitación del personal del Hogar del Anciano. En el plano discursivo, la afirmación resulta impecable. Nadie podría objetar la importancia de formar a quienes trabajan en espacios sensibles, donde la vulnerabilidad de las personas exige no solo profesionalismo, sino también perspectiva.
Sin embargo, el problema aparece cuando se abandona el recinto y se pisa el terreno. Porque allí, lejos de las formalidades institucionales, la realidad ofrece otra versión. Al menos cinco trabajadores del Hogar dos enfermeros, dos agentes de seguridad y un administrativo, aseguraron no haber recibido nunca esa capacitación. No se trata de una omisión menor ni de un detalle técnico: se trata de una contradicción directa con lo expresado por la máxima autoridad municipal.
La distancia entre lo que se dice y lo que ocurre no es nueva, pero en este caso adquiere una gravedad particular. No solo por el contexto una situación que involucra un presunto abuso, sino porque pone en evidencia una forma de gestionar donde la palabra parece ocupar el lugar de la acción. Y, como suele ocurrir, el discurso se reviste de tecnicismos y buenas intenciones que, en apariencia, ordenan la escena. Pero cuando se los confronta con los hechos, comienzan a desdibujarse.
Quizás por eso resulta llamativa la ausencia de la jefa del Hogar en la sesión. Su presencia podría haber aportado precisiones, detalles concretos, incluso matices que ayudaran a comprender mejor lo sucedido. Pero no ocurrió. Y en ese vacío, el relato oficial encuentra terreno fértil para moverse con cierta comodidad, apoyado más en formulaciones correctas que en verificaciones empíricas. Guarda que aquí no juzgamos al intendente quizás sus funcionarios le muestran un escenario y la realidad marca otra cosa.
No es la primera vez que la política recurre a este tipo de recursos. Decir lo que corresponde, aunque no necesariamente se haga, parece ser una práctica extendida. El problema es que, en contextos como este, las consecuencias no son abstractas. En el medio quedan los trabajadores, que lidian con condiciones muchas veces precarias, y los residentes del Hogar, que dependen de un sistema que debería garantizarles cuidado y dignidad.
A esta altura, la pregunta ya no es si el discurso es correcto, sino si alcanza. Y la respuesta, a juzgar por los testimonios recogidos, parece evidente. Porque cuando se conversa con quienes sostienen el funcionamiento diario de las instituciones, la retórica pierde peso y la realidad se impone con una contundencia difícil de disimular.
En definitiva, lo que ocurrió en el Concejo Deliberante no fue solo una exposición de hechos, sino también un ejercicio de construcción narrativa. Una en la que todo parece encajar mientras no se la contraste con la experiencia concreta. Pero basta con acercarse un poco, escuchar, preguntar, para que las fisuras aparezcan. Y una vez que aparecen, ya no hay tecnicismo que las oculte.
