La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025 fue rechazada este miércoles por la mayoría del Concejo Deliberante, en una sesión que dejó expuestas fuertes diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores. Sin embargo, lejos de cerrarse el debate, en las últimas horas comenzó a gestarse un nuevo conflicto político e institucional.
Según trascendió, el intendente municipal tendría previsto brindar una conferencia de prensa para sostener que la Rendición de Cuentas debe considerarse aprobada automáticamente debido a que el Concejo Deliberante la trató fuera del plazo de 60 días previsto por la legislación provincial.
El planteo se apoya en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que establece que el cuerpo deliberativo debe expedirse dentro de los 60 días corridos posteriores a la presentación de la rendición. Vencido ese plazo sin tratamiento, la misma queda aprobada automáticamente.
Sin embargo, la postura genera cuestionamientos debido a los antecedentes de los últimos años. Un relevamiento de las rendiciones anteriores muestra que el tratamiento fuera de término no constituye una excepción sino una práctica reiterada y sostenida en el tiempo.
En 2022 la rendición fue presentada el 21 de marzo y tratada el 27 de mayo, transcurriendo 67 días. En 2023 ingresó el 17 de marzo y fue aprobada el 24 de mayo, luego de 69 días. En 2024 fue presentada el 19 de marzo y tratada el 23 de mayo, 65 días después. En 2025 ingresó el 21 de marzo y fue aprobada el 22 de mayo, tras 62 días. Finalmente, la rendición correspondiente al ejercicio 2025 fue presentada el 20 de marzo y tratada el 28 de mayo, luego de 69 días.
Los datos muestran que durante cinco ejercicios consecutivos el Concejo Deliberante abordó las rendiciones una vez vencido el plazo legal. Pese a ello, nunca existieron objeciones públicas del Departamento Ejecutivo ni planteos sobre una eventual aprobación automática. Por el contrario, las rendiciones fueron debatidas, sometidas a votación y posteriormente consideradas válidas por todas las partes.
Por ese motivo, desde sectores opositores consideran contradictorio que el oficialismo invoque ahora una cuestión formal que durante años fue aceptada sin cuestionamientos. “Las reglas institucionales no pueden utilizarse únicamente cuando el resultado político es favorable. Si el criterio es que el plazo debe cumplirse estrictamente, entonces debe aplicarse siempre y para todos”, sostienen.
La discusión también abrió otro frente de debate relacionado con el cumplimiento de las normas por parte del propio Departamento Ejecutivo. Concejales opositores recuerdan que existen ordenanzas sancionadas por el Concejo que nunca fueron implementadas, pedidos de informes que no fueron respondidos y minutas de comunicación que permanecen sin tratamiento por parte del Ejecutivo.
En ese contexto, de confirmarse la decisión del intendente de desconocer el rechazo aprobado por la mayoría del Concejo, algunos bloques analizan impulsar la conformación de una comisión investigadora para relevar los incumplimientos normativos atribuidos al Departamento Ejecutivo.
La iniciativa buscaría analizar el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, especialmente aquellas vinculadas a la ejecución de ordenanzas, la respuesta a los requerimientos del Concejo Deliberante y otros actos administrativos que, según sostienen desde la oposición, no han sido cumplidos en tiempo y forma.
Desde esos sectores consideran que si el oficialismo pretende fundamentar la aprobación de la Rendición de Cuentas en una interpretación estricta de los plazos legales, también debería estar dispuesto a rendir cuentas sobre las disposiciones legales y ordenanzas municipales que no fueron ejecutadas durante los últimos años.
La posible conferencia del intendente podría marcar el inicio de una nueva etapa de confrontación política en el ámbito local. Lo que comenzó como una discusión sobre los números de la administración municipal amenaza ahora con convertirse en un debate más amplio sobre la calidad institucional, el cumplimiento de las normas y los límites entre las facultades del Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
Mientras tanto, la controversia continúa abierta y promete ocupar el centro de la agenda política local en los próximos días.
