El Gobierno autorizó operaciones de crédito público por hasta USD 5.000 millones con bancos internacionales. La medida fue formalizada a través del Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial este lunes, y apunta a conseguir financiamiento para cubrir vencimientos de deuda en dólares.
El monto más que duplica la cobertura que dio el Banco Mundial que es de USD 2.000 millones y se produce justo cuando se supo que en el gobierno de MIlei la deuda externa creció unos USD 30.000 millones, pese a que Caputo intentó dibujar ese mal dato con contabilidad creativa.
La norma faculta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas a definir montos, plazos, monedas, tasas, comisiones y demás condiciones de la operación. También habilita la contratación de bancos, agentes de pago, asesores legales, calificadoras de riesgo y otros participantes necesarios para cerrar el financiamiento.
La primera lectura del mercado fue optimista. En varias mesas se instaló la idea de que el Gobierno preparaba una vuelta a Wall Street. Los bonos reaccionaron en alza y el riesgo país de JP Morgan tocó los 422 puntos, un nuevo mínimo para el ciclo.
La confusión tuvo un punto concreto: el decreto acepta la jurisdicción de tribunales estaduales y federales de Nueva York. Esa cláusula suele aparecer en emisiones de deuda externa y fue leída como una señal de que el Tesoro volvía al mercado internacional de bonos. La foto era tentadora para la City: bancos globales, Nueva York, dólares y baja del riesgo país.
Pero no. La letra chica muestra una ingeniería distinta. El Gobierno no está autorizando una emisión directa de bonos soberanos entre inversores internacionales. Lo que habilita es la toma de préstamos con entidades financieras internacionales, respaldados por garantías parciales de organismos multilaterales.
Ese detalle cambia la lectura. Una cosa es que la Argentina salga sola a vender deuda en Wall Street. Otra muy distinta es que tome préstamos de bancos privados con el respaldo parcial del Banco Mundial, el BID y eventualmente la CAF.
Los avales son el corazón de la operación. Funcionan como un seguro parcial para los bancos que pongan los dólares. Si una porción del préstamo queda garantizada por un organismo multilateral, el riesgo baja. Y si baja el riesgo, Economía espera conseguir mejores tasas y plazos más convenientes.
“Al principio se leyó como regreso a Wall Street por la jurisdicción Nueva York. Después, cuando se miró el decreto completo, quedó claro que era otra cosa: préstamo bancario con paraguas multilateral”, dijo a LPO un operador que sigue la deuda argentina.
El esquema ya venía siendo trabajado por el equipo económico. El Banco Mundial aprobó garantías para movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales. El BID también aprobó una garantía de hasta USD 550 millones, con capacidad para apalancar financiamiento privado adicional. La CAF aparece como otra pieza posible para completar el armado.
El objetivo del Gobierno es despejar las dudas frente al vencimiento de deuda. El 9 de julio el Tesoro deberá cancelar USD 4.300 millones. Ya tiene USD 3.680 depositados en el Banco Central. Por eso, Economía busca usar los avales multilaterales como una vía intermedia: no es una vuelta limpia a Wall Street, pero tampoco es financiamiento puramente oficial.
Ahora los operadores mirarán tres datos: cuánto se consigue, a qué tasa y qué parte queda cubierta por las garantías. Ahí se sabrá si el decreto alcanza para ordenar julio y si compra tiempo hasta una salida más amplia al mercado.
Por ahora, la foto es esta: el Gobierno habilitó créditos por USD 5.000 millones con los avales del Banco Mundial y el BID, los bonos festejaron y el riesgo país bajó.
