El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en su propia ofensiva por Malvinas. Mientras el Presidente anuncia que va a endurecer las sanciones contra las compañías que participan de la explotación británica de petróleo en las islas, su administración le concedió los beneficios extraordinarios del RIGI a un proyecto integrado por una petrolera que sigue alcanzada por las sanciones argentinas. Se trata de Harbour Energy, dueña del 15% de Southern Energy, la sociedad que desarrolla uno de los principales proyectos de exportación de GNL del país.
Harbour es la misma persona jurídica que Premier Oil, declarada clandestina e inhabilitada por la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional. El caso excede una contradicción política y abre un interrogante de naturaleza penal. La Ley 26.659 establece prohibiciones y sanciones para quienes participen de la explotación hidrocarburífera británica en la plataforma continental argentina. Por eso deberá determinarse si el Gobierno violó esa legislación al permitir la participación de Harbour en un proyecto estratégico y, sobre todo, al concederle indirectamente beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios mediante el RIGI.
La continuidad entre Premier y Harbour no es una interpretación de la Argentina ni una construcción de la oposición. Está escrita en los documentos de la propia compañía. La circular presentada ante los accionistas para aprobar la operación que dio origen a la actual estructura de Harbour lo dice desde su portada: “Premier Oil PLC (to be renamed Harbour Energy PLC)”. Premier Oil PLC iba a ser renombrada Harbour Energy PLC. Incluso mantuvo el mismo número de registro societario escocés: SC234781.
La documentación de la operación que pudo revisar LPO confirma el mecanismo. Premier adquirió Chrysaor mediante un reverse takeover. La cotización londinense de Premier se mantuvo y los accionistas de Harbour y Chrysaor pasaron a controlar la mayoría del grupo combinado. No aparece una Premier extinguida y una Harbour completamente diferente. Aparece la reorganización de una sociedad que finalmente adopta el nombre Harbour Energy.
Fuentes de la industria consultadas por LPO rechazan esa interpretación. Insisten en diferenciar a Premier Oil de Harbour Energy y sostienen que el cambio en la composición accionaria que acompañó la operación con Chrysaor permite considerar a Harbour como una compañía distinta. Es uno de los argumentos centrales con los que el sector defiende la participación de la petrolera en la Argentina.
Pero en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Secretaría de Energía y Cancillería explicaron que Chrysaor había alcanzado un acuerdo de fusión con Premier Oil, a la que identificaron expresamente como la compañía “inhabilitada en el año 2013”, y señalaron que esa operación había dado lugar a Harbour Energy PLC. Y en esos mismos documentos aparece Malvinas. Al establecer las condiciones regulatorias necesarias para concretar la operación, el documento exige autorizaciones en Reino Unido, Noruega y las “Falkland Islands”. Más adelante, cuando describe a Premier, afirma que tenía intereses significativos de petróleo y gas en Reino Unido, Indonesia, Vietnam, México y las “Falkland Islands”.
Sea Lion aparece entre los activos internacionales de Premier y la compañía identifica expresamente el conflicto con Argentina como uno de los riesgos de la inversión. Premier advertía a sus propios accionistas que un endurecimiento de la posición argentina sobre la soberanía podía afectar el desarrollo de las operaciones en las islas. Incluso contemplaba que potenciales socios y proveedores con intereses comerciales importantes en Argentina o América Latina podían negarse a trabajar con la compañía por su participación en Malvinas.
Es un dato central para entender el caso. La empresa había advertido públicamente, en documentación destinada al mercado, que sus operaciones en Malvinas podían traerle problemas precisamente para hacer negocios en Argentina.
En mayo de 2013, la Secretaría de Energía argentina declaró ilegales las actividades de Premier Oil en la plataforma continental y calificó a la compañía como clandestina. El Estado consideró que desarrollaba actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina y ordenó además poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. Cuatro meses después llegó la inhabilitación. La Resolución 481/2013 sancionó a Premier Oil PLC durante quince años para desarrollar actividades en la República Argentina.
Sobre este punto aparece la segunda defensa de la industria. Fuentes empresarias sostienen que la sanción no llegó a hacerse efectiva y reivindican a Harbour precisamente como un caso de una petrolera que, ante la amenaza argentina, decidió abandonar Malvinas. Según esta versión, esa conducta habría permitido posteriormente que la compañía fuera habilitada para operar en la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández.
El argumento tropieza con la letra de la Resolución 481/2013. La Secretaría de Energía no anunció allí una eventual sanción ni intimó a Premier a retirarse para evitarla: directamente dispuso su inhabilitación por quince años para desarrollar actividades en la República Argentina. La resolución fue dictada el 2 de septiembre de 2013 y publicada cuatro días después en el Boletín Oficial. Tampoco aparece hasta ahora un acto administrativo posterior que haya revocado, modificado o dejado sin efecto esa resolución.
Fuentes jurídicas especializadas en regulación petrolera explicaron a LPO que una eventual habilitación posterior de Harbour para realizar determinada actividad en el país no equivale por sí misma a la revocación de la sanción anterior. Para eso debería existir un acto administrativo que dejara sin efecto la inhabilitación.
En 2021, las autoridades argentinas seguían identificando públicamente a Premier como una compañía inhabilitada y describían la operación con Chrysaor como aquella que había dado lugar a Harbour Energy. Es decir, el Estado no sólo conocía la relación entre ambas empresas sino que continuaba recordando expresamente la sanción de 2013.
Pero existe un dato decisivo para determinar la vigencia de esa sanción. Premier no abandonó inmediatamente Sea Lion. Después de la reorganización societaria, Harbour continuó vinculada al proyecto. La salida efectiva se produjo recién el 23 de septiembre de 2022, cuando se completó la transferencia mediante la cual la israelí Navitas ingresó a las licencias del North Falkland Basin. Harbour vendió su participación por un dólar. La justificación ante una cifra tan llamativa había sido que Navitas absorbía sus pasivos. La operación se reportó bajo un monto confidencial no divulgado (undisclosed fee). Una jugada que en el mercado se denomina “salida limpia”.
Hasta ese momento, Harbour conservaba sus intereses a través de Premier Oil Exploration and Production Limited. Incluso, según la interpretación jurídica de un especialista consultado por LPO, los quince años de inhabilitación deben computarse desde el momento en que cesó efectivamente la conducta que originó la sanción. Si Harbour permaneció en las operaciones vinculadas a Sea Lion hasta septiembre de 2022, la prohibición no terminó ni está cerca de hacerlo: se proyecta hasta 2037.
La industria también discute esa interpretación. Las fuentes consultadas sostienen que, aun en el supuesto de considerar vigente la sanción, los quince años deberían computarse desde la resolución de septiembre de 2013. Bajo esa lectura, la inhabilitación terminaría en 2028 y no en 2037. Pero esa defensa abre otro problema para las propias compañías. Porque si la sanción debe contarse desde 2013 y vence en 2028, entonces estaba vigente tanto cuando Harbour ingresó formalmente al mercado argentino como cuando obtuvo el RIGI en 2025.
La discusión dejaría de ser entonces sobre la existencia de la inhabilitación para concentrarse en cuándo vence. Ese punto cambia por completo la dimensión del caso. Porque Harbour no sería simplemente una compañía que alguna vez fue sancionada por Argentina. Sería una compañía actualmente alcanzada por una inhabilitación que, pese a eso, ingresó a uno de los proyectos energéticos privilegiados por el gobierno de Milei.
Harbour tiene el 15% de Southern Energy. El proyecto prevé producir GNL frente a las costas de Río Negro mediante buques flotantes de licuefacción y convertirse en la primera plataforma exportadora de gas de Vaca Muerta. En abril de 2025, Luis Caputo firmó la Resolución 559 y aprobó el ingreso de Southern Energy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. El RIGI le abrió al proyecto un paquete de ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias.
En paralelo, Economía comunicó la adhesión a ARCA para aplicar las franquicias tributarias y aduaneras y al Banco Central para habilitar los beneficios cambiarios previstos por el régimen. Ahí aparece el agujero que ahora deberá explicar el Gobierno. ¿Cómo pudo integrar un proyecto RIGI una petrolera que estaba alcanzada por una sanción argentina vinculada precisamente con Malvinas? ¿Quién revisó sus antecedentes? ¿Quién determinó que Harbour podía participar? ¿Intervino Cancillería? ¿Se consultó a la autoridad de aplicación de la Ley 26.659? ¿Existió un dictamen jurídico que considerara compatible la inhabilitación con los beneficios del RIGI?
Hay otro dato que vuelve todavía más difícil explicar cómo los antecedentes de Harbour atravesaron todos los filtros sin encender una alarma. Bruchou & Funes de Rioja, uno de los estudios jurídicos corporativos más importantes del país, que tuvo una participación protagonica en la redacción de las leyes mas importantes que consiguió este gobierno, como Ley Bases y reforma laboral, aparece públicamente como asesor de Harbour Energy.
El estudio tiene además una fuerte inserción en el entramado empresario británico en la Argentina: integra la Cámara de Comercio Argentino-Británica y asesoró a compañías como HSBC. Es decir, alrededor de Harbour no faltaban abogados especializados ni conocimiento del vínculo empresario entre Londres y Buenos Aires.
La pregunta vuelve entonces sobre el control: si la continuidad entre Premier y Harbour era pública, Premier estaba sancionada por operar en Malvinas y los abogados de la petrolera conocían el mercado energético argentino, ¿cómo nadie advirtió la incompatibilidad antes de que Southern Energy recibiera los beneficios del RIGI?
Fuentes jurídicas especializadas en el sector petrolero plantean que existe un momento anterior en el que esa alarma ya debería haberse encendido: 2024, cuando Harbour comenzó a incorporarse formalmente al mercado argentino después de adquirir los activos internacionales de Wintershall Dea. Harbour adquirió los activos de Wintershall en 2024 y comenzó a presentarse ante las autoridades argentinas.
Según la documentación relevada por las fuentes consultadas, su alta impositiva en el país también corresponde a ese año. La cronología es relevante porque la adquisición de Wintershall obligaba a la compañía a relacionarse formalmente con el Estado argentino.
A partir de ese momento, sostienen las fuentes jurídicas, los organismos competentes tenían una oportunidad concreta para revisar si Harbour podía adquirir derechos y participar de activos hidrocarburíferos mientras subsistía el antecedente sancionatorio de Premier.
Para los abogados consultados, tampoco alcanza con sostener que la composición accionaria había cambiado. En operaciones societarias de esta naturaleza, explican, no sólo se transmiten activos y derechos: también existen obligaciones, contingencias y pasivos regulatorios que deben ser analizados. En el caso argentino, el dato imposible de ignorar era la Resolución 481/2013.
“Si a los evaluadores del RIGI se les pasó una ilegalidad de semejante magnitud, con una empresa sancionada por el propio Estado argentino y por una cuestión tan sensible como Malvinas, la pregunta inevitable es qué otras incompatibilidades o ilegalidades se les pudieron haber pasado en los demás proyectos aprobados”, plantearon a LPO desde la oposición.
“Esto obliga a revisar todas las aprobaciones del RIGI. No estamos hablando de un antecedente escondido en una sociedad offshore: la sanción estaba publicada en el Boletín Oficial y la continuidad entre Premier y Harbour surge de la documentación de la propia compañía. Si todo eso atravesó los controles técnicos y jurídicos sin que nadie lo advirtiera, hay que saber qué controles se hicieron en el resto de los proyectos”, agregaron.
El funcionario que queda en el centro del circuito es Daniel González, uno de los hombres de mayor confianza de Caputo y figura decisiva en el manejo energético del Gobierno. La documentación administrativa de Southern Energy muestra que la Secretaría de Energía produjo el informe técnico que concluyó que el proyecto cumplía los requisitos para acceder al RIGI. También intervino la Unidad de Coordinación RIGI y finalmente el Comité Evaluador recomendó la aprobación. El servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía pasó por el expediente antes de que Caputo firmara la resolución.
González ya está apuntado en otra investigación judicial. Como reveló LPO, fue denunciado penalmente por la importación de electricidad desde Uruguay a precios que llegaron a duplicar los costos locales. En esa causa se pidió investigar posibles delitos vinculados con la administración de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso Harbour abre ahora otro interrogante sobre su gestión. Porque los antecedentes de Premier no estaban escondidos en un archivo secreto del Estado argentino. Eran públicos. Figuraban en resoluciones argentinas y en los documentos corporativos británicos de la propia compañía.
Resulta difícil sostener que podía desconocer los antecedentes de Harbour. Para descubrirlos no hacía falta penetrar una red offshore ni identificar un beneficiario oculto. La portada del documento societario decía que Premier Oil pasaría a llamarse Harbour Energy. Conservaba el mismo número de registro. Y dentro del mismo documento aparecían Sea Lion, las “Falkland Islands” y hasta una advertencia explícita sobre las consecuencias que el conflicto con Argentina podía tener para los negocios de la empresa.
Las fuentes de la industria sostienen que precisamente esos antecedentes fueron analizados y que no existía impedimento para asociarse con Harbour. Su defensa vuelve sobre los mismos argumentos: consideran que Harbour debe distinguirse de Premier, que la salida de Malvinas resolvió el conflicto que había originado la actuación argentina y que la posterior incorporación de la petrolera al mercado local demuestra que el Estado admitió su participación.
Las fuentes jurídicas consultadas por LPO responden que esa última afirmación invierte el problema. Que distintos organismos del Estado hayan permitido el ingreso de Harbour no demuestra necesariamente que la sanción haya desaparecido: puede demostrar, precisamente, que nadie controló si seguía vigente. Si existió una decisión formal que revocó la Resolución 481/2013, sostienen, debería poder identificarse. Una autorización posterior no sustituye automáticamente el acto necesario para dejar sin efecto una inhabilitación anterior.
La trama de Sea Lion tiene además ramificaciones que llegan a otros grandes jugadores internacionales. Paul Mayland integra desde octubre de 2023 el directorio de Rockhopper Exploration, el socio británico de Navitas en Sea Lion. Un mes antes de ingresar a Rockhopper, Mayland se había incorporado a ADNOC como Senior Vice President de International Gas & LNG. Ocupó ese cargo ejecutivo hasta agosto de 2024 y desde octubre de ese año figura como director de ADNOC International UK Limited, la sociedad británica del gigante petrolero estatal de Abu Dhabi. El nombramiento continúa activo. YPF es socia de ADNOC en el proyecto Argentina GNL.
Tampoco es la única conexión entre la explotación de Malvinas y los negocios energéticos argentinos. Bluewater Energy Services, uno de los proveedores estratégicos de Sea Lion, también participa de la infraestructura exportadora de Vaca Muerta. La compañía neerlandesa quedó vinculada al proyecto de Navitas mediante el FPSO Aoka Mizu y, al mismo tiempo, fabricó las monoboyas del Vaca Muerta Oil Sur.
El entramado que Milei promete castigar está, por lo tanto, mucho más metido dentro de la industria energética argentina de lo que admite el Gobierno.
