Mientras gran parte de la agenda pública local se concentra en discusiones políticas, la situación del transporte escolar rural continúa sin resolverse y mantiene a cientos de alumnos afectados en distintos puntos del distrito.
Según los datos oficiales difundidos por el Consejo Escolar, actualmente existen 46 recorridos aprobados para el transporte escolar rural. Sin embargo, solamente 22 cuentan con cobertura efectiva, mientras que otros 24 permanecen sin prestadores. Como consecuencia, 202 estudiantes siguen sin transporte asignado, una cifra que representa el 41% de los alumnos alcanzados por el programa.
La problemática se extiende desde hace varios meses y afecta directamente el acceso a la educación de niños y jóvenes que viven en establecimientos rurales y dependen exclusivamente de este servicio para concurrir a clases. En algunos casos, las familias llevan más de tres meses esperando una respuesta concreta.
En los últimos días trascendió que desde el Municipio se había explorado una alternativa para intentar aportar una solución transitoria al problema. Sin embargo, la propuesta no logró avanzar tras ser analizada en el ámbito de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) y tampoco contó con el acompañamiento de los transportistas involucrados.
Consultada por este medio, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Yanina Baldini, explicó que la decisión adoptada en la UEGD fue mantener el destino previamente acordado para los recursos del Fondo Educativo.
“La UEGD resolvió que el Fondo Educativo se utilice para las obras de infraestructura que ya se habían puesto como prioridad”, señaló.
Entre esas obras se encuentran el inicio del salón de la Escuela Secundaria N° 8, la reparación del techo de la Escuela Primaria N° 7 y la finalización de trabajos pendientes en las Escuelas Primarias N° 1 y N° 6.
Un problema que va más allá de los recursos
Sin embargo, la falta de fondos no sería el único obstáculo. Según explicó Baldini, existe una dificultad adicional que complejiza aún más el escenario: en varios recorridos rurales directamente no existen transportistas interesados en presentarse a las licitaciones debido a que los valores ofrecidos no resultan económicamente viables.
Se trata de un problema estructural que excede las posibilidades del distrito y que encuentra su origen en los montos establecidos por la Provincia para la prestación del servicio. En un contexto de aumento permanente de costos operativos, combustible, mantenimiento y personal, algunos recorridos se vuelven poco atractivos para los prestadores privados.
Esta situación genera una realidad difícil de revertir en el corto plazo. Porque aun cuando aparecieran recursos extraordinarios o gestiones adicionales, el problema persiste si no existen empresas o transportistas dispuestos a realizar los recorridos.
Familias que buscan alternativas para no perder el año
Mientras tanto, las familias intentan adaptarse como pueden.
Según relató Baldini, existen padres que han optado por trasladar a sus hijos por sus propios medios algunos días de la semana, organizándose para concurrir tres veces semanalmente a los establecimientos educativos. Otros se turnan con vecinos o familiares para compartir traslados, mientras que algunas familias incluso evalúan cambiar a sus hijos a escuelas más cercanas o con mejores posibilidades de acceso.
Estas alternativas permiten sostener parcialmente la continuidad pedagógica, pero están lejos de representar una solución definitiva.
Además, desde el ámbito educativo existe otra preocupación a mediano plazo: el impacto que esta situación podría tener sobre la matrícula de las escuelas rurales.
Si las familias comienzan a trasladar definitivamente a sus hijos hacia otros establecimientos para garantizar la asistencia, las instituciones afectadas podrían sufrir una disminución de alumnos que termine condicionando su funcionamiento futuro.
Una problemática que merece más lugar en la agenda
Es cierto que el transporte escolar rural depende administrativamente de la Provincia de Buenos Aires y que las licitaciones se encuentran sujetas a procedimientos provinciales. También es cierto que los consejeros escolares cuentan con herramientas limitadas para resolver un problema de esta magnitud.
De hecho, tanto consejeros del oficialismo como de la oposición vienen realizando gestiones para intentar destrabar la situación, aunque sus posibilidades de acción son reducidas frente a un esquema que depende principalmente de decisiones y recursos provinciales.
Sin embargo, la falta de una solución concreta sigue generando interrogantes. Días atrás, el intendente Emilio Cordonnier encabezó una conferencia de prensa centrada principalmente en la rendición de cuentas y en cuestionamientos hacia sectores de la oposición. En ese contexto, el problema que afecta a más de 200 estudiantes no tuvo un lugar relevante dentro de la agenda pública expuesta por el Ejecutivo.
La discusión no pasa necesariamente por encontrar culpables ni por exigir soluciones mágicas que quizás no están al alcance de una sola administración. Pero sí resulta válido preguntarse qué lugar ocupa esta problemática dentro de las prioridades de la gestión.
El propio jefe comunal sostuvo recientemente que “la gente nos pide soluciones a nosotros, somos a quienes golpean la puerta pidiendo respuestas”. Bajo esa lógica, muchas familias esperan del gobierno municipal no solamente explicaciones sobre las limitaciones existentes, sino también una búsqueda permanente de alternativas que permitan acercar una solución.
Porque mientras continúan las discusiones políticas, los días siguen pasando y 202 estudiantes del distrito permanecen esperando una respuesta que les permita ejercer plenamente un derecho tan básico como asistir a la escuela.
